Autor: Pablo Mendoza
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Sobre el Autor: Exbecario UGRAD del Departamento de Estado de los EE. UU. y estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales.
“Actualmente, hay mucha incertidumbre sobre la elección de este cargo público. ¿Se mantendrá el status quo con Porras? ¿Se elegirá a alguien independiente e idóneo?”, preguntaba un 20 de enero de 2022 nuestro compañero Emerson Salguero, en su artículo “Saquemos al monstruo y recuperemos el MP”, en relación con la última elección de fiscal general.
Cuatro años después: con más de 117 personas criminalizadas, al menos 5 presos de conciencia durante su gestión y 850 días de protección oficiosa al gobierno pasado, seguimos con la misma incertidumbre sobre el Ministerio Público.
Tras un primer período como fiscal general sabíamos que Porras era un cáncer para la entidad encargada de la persecución penal. También, teníamos claros sus vínculos en el ecosistema de impunidad que operaba. Lo que no dimensionamos era la metástasis que representaba para los derechos de la juventud y cómo empeoraría el daño al ser electa para un segundo término.
Desde la educación, blindó dos fraudes electorales en la única universidad pública del país, impactando la vida de los más de 221,256 estudiantes matriculados para 2023. Desde la salud, además del caso de las vacunas de COVID-19 que nunca investigó, los casos de los jóvenes de 21 y 29 años que perdieron un ojo, por la brutalidad policial, durante las manifestaciones de 2020, siguen en impunidad.
Desde la seguridad, durante el último año llegó a desestimar hasta un 74.44% de las denuncias, afectando a las mujeres jóvenes que pedían justicia por la violencia sexual, a los jóvenes emprendedores que denunciaron una extorsión y hasta al estudiante que fue asaltado al salir de una larga jornada.
Esta semana, Porras se va, pero su daño en la juventud persiste. Su legado más grave es haber profundizado una cultura de impunidad que incrementa la violencia cotidiana.
Como advierte el Informe “Futuros robados: cómo la corrupción perjudica a los jóvenes”, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “la percepción de que los funcionarios públicos actúan con impunidad debilita aún más el respeto por las leyes (…) y desalienta el cumplimiento voluntario de las normas y reglamentos”.
Ese legado también tiene un costo en la participación. Cuando vemos que la corrupción se protege y que la ley es selectiva, participar deja de parecer una herramienta de cambio. Como advierte el mismo informe, “cuando los jóvenes ven que la deshonestidad se recompensa, pierden el interés en la vida pública”.
Durante 2023, Porras, Curruchiche, Monterroso, Morales y todos los demás alfiles de la impunidad, quisieron mostrarnos que incluso el voto era inútil. Aunque no nos dejamos robar la elección y acuerpamos una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, las tasas de participación están por los suelos, sobre todo para la juventud.
Hoy tenemos claro que el Ministerio Público importa para las personas jóvenes y nuestros derechos. Importa para el joven migrante que denunció trata de personas y fue desestimado; importa para la joven que fue acosada en la esquina de su casa y le preguntaron si estaba segura de denunciar; importa para el joven repartidor que denunció el robo de su motocicleta y cuyo caso terminó archivado en la impunidad.
Sin embargo, persiste aquella duda de 2022 sobre cómo será este nuevo período para el ente investigador y su relación con la ciudadanía. Queremos una política criminal que deje de intimidar a la periodista joven, al estudiante universitario, a la defensora de la tierra; una institución que, de una vez por todas, deje de permitir que la impunidad nos robe el futuro.
Cuatro años después, Emerson, entendimos cuánto costaba sacar al monstruo. Nos dejó amigos expulsados de la universidad, familias partidas por el exilio y demasiados jóvenes marcados por la violencia.
Hoy, mientras esa etapa comienza a cerrarse, debemos seguir exigiendo –en medio de los amparos pendientes–, como escribías en enero de 2022: “que llegue al cargo una persona independiente, con vasta experiencia, que no le deba nada a ningún politiquero y, que haga temblar a la vieja política y al crimen organizado”.
