A pesar de que la mayoría de diputados en noviembre de 2025 aprobaron la construcción de cárceles de máxima seguridad, el amparo que suspendió los centros de detención en Izabal que inició el gobierno de Bernardo Arévalo generó dudas entre jefes de bloque en el Congreso de la República por la rapidez con la que actuaron los magistrados de la Sala Mixta de Apelaciones de ese departamento.
La construcción de cárceles con más controles tomó relevancia luego de la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes II, por lo que se aprobó el Decreto 11-2025. A la vez, el gobierno de Bernardo Arévalo destinó Q500 millones en la ampliación presupuestaria 2026 para las prisiones donde serían enviados integrantes de pandillas y maras denominados terroristas.
El representante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), José Inés Castillo, enfatizó que se deben construir cárceles como las planeadas para estar ubicadas en Masagua, Escuintla, y Morales, Izabal.
«Es un tema de urgencia nacional, de necesidad pública, pues la inseguridad y delincuencia afectan a la población. Con respeto a las resoluciones de los jueces, realmente considero que la Sala Regional Mixta se extralimitó en el tema. Deberíamos de facilitar que el país tenga esas cárceles de máxima seguridad, porque desde el Congreso se aprobaron los recurso, estamos exigiendo al Gobierno de esos centros de detención y se deben de construir», resaltó Castillo.
El diputado recordó que la construcción de esas cárceles se hará en propiedades del Estado y por ser un tema de seguridad «cuesta» encontrar bienes públicos para hacer obra pública.
Además, la jefa del bloque Winaq, Sonia Gutiérrez, consideró que existió extralimitación de funciones de los magistrados debido a la premura con la que otorgaron el amparo, a la vez, no descartó que haya vínculos de políticos con los jueces para frenar esas obras.
«Desde el Ejecutivo se está planteando la ruta legal para atender el amparo. La construcción de la cárcel se va a realizar porque es necesaria. Efectivamente es una Sala que puede no tener competencias respecto al tema», respondió la diputada de Semilla, Victoria Godoy Palala.
Sin embargo, Godoy Palala espera que no haya legisladores que se opongan a brindar espacios de seguridad, y consideró que hay discusiones de sus colegas porque en el lugar donde se pretende construir la cárcel tuvo inundaciones, pero se aclaró con estudios que el área no sufrirá ninguna complicación, pues no hay incumplimientos en medidas que se implementarán. Por lo que, afirmó que no hay motivos para que se suspenda la construcción.
Mientras que el representante de la bancada Victoria, Juan Carlos Rivera, comentó que las acciones para detener la edificación de la cárcel es porque no quieren que haya fuerzas de seguridad y controles en la región, por lo que espera que las próximas instancias judiciales revoquen el amparo para que se continúe con ese proyecto de seguridad.
En ese mismo concepto se pronunció el subjefe del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), José Chic, al considerar que el amparo es ilegítimo, pues la Sala no debió haberlo conocido y al momento de tener conocimiento los magistrados debieron inhibirse para que Servicios Judiciales designará la Sala idónea para conocer la petición, toda vez que las sedes de los ministerios de Gobernación y de la Defensa están en la capital para resolver si se otorgaba el amparo.
Chic pidió que se presenten los efectos reales del amparo, para no frenar la construcción de las cárceles de máxima de seguridad porque deviene de un decreto donde se ordena la construcción de las cárceles.
Finalmente, el legislador señaló que el conflicto también es una cuestión de seguridad nacional, cuya resolución compete a los ministerios de la Defensa y Gobernación. Agregó que, de contar con información sobre estructuras delincuenciales ligadas al narcotráfico, es imperativo desarticularlas de inmediato para no poner en riesgo la integridad y la vida de la población.
«Empezaron a aflorar los intereses políticos electorales en función de esto a niveles territoriales, lo que preocupa es que más allá de los intereses es que haya estructuras vinculadas al narcotráfico y crimen organizado que hoy generan zozobra y que estén deteniendo un proyecto de beneficio para el país. Las fincas fueron propiedades de un narcotraficante y que están en el corredor del narcotráfico, pero los intereses políticos y del crimen organizado coincidieron para tener detenido el proyecto de la cárcel», agregó Chic.
CUMPLIR MANDATO LEGAL
Previo al anuncio de la construcción de una cárcel en Izabal, la diputada Thelma Ramírez —quien pertenece al bloque Vamos pero buscará su reelección con Cabal— citó a los ministros de Gobernación y de la Defensa para manifestar el rechazo del alcalde de Morales y de los pobladores ante dicha propuesta. Tras la reunión, algunos congresistas señalaron que la bancada Cabal respalda la suspensión de los centros de detención en el departamento caribeño.
El jefe del bloque Valor, Elmer Palencia, recordó que la ley que autoriza la construcción de cárceles de máxima seguridad establece una obligación para el Ministerio de Gobernación. Asimismo, lamentó la resolución de los magistrados, aunque manifestó desconocer los motivos jurídicos que fundamentaron el otorgamiento del amparo provisional.
Palencia resaltó que el país requiere con urgencia una prisión de máxima seguridad para pandilleros, subrayando que el Estado tiene el deber de generarla, tal como está normado en la Ley Antipandillas.
«La Ley de Amparo y Exhibición Personal es muy específica: lo que tienen es un amparo provisional, el cual debe llevar su curso normal para llegar hasta la sentencia. Será el Ejecutivo quien tiene que accionar legalmente para dilucidar cualquier situación jurídica entorno que el espacio físico, pero hay que conocer a profundidad los agravios que presentaron las personas que accionaron para determinar si hubo una extralimitación de los magistrados», agregó Palencia.
Respecto a las citaciones de los ministros encargados de la construcción de las cárceles, Palencia indicó que los diputados son representantes de las comunidades y respeta la posición de sus colegas de Izabal.
El jefe del bloque Azul, Jorge Mario Villagrán, afirmó que se debe denegar el amparo porque pretenden detener la cárcel y controles como presencia policial y militar, ya que buscan mantener el «campo libre para seguir haciendo sus fechorías».
Villagrán evitó indicar si hubo una extralimitación de funciones de los magistrados, pero consideró que por el bien del país y de la seguridad nacional se debe permitir la continuidad de la edificación de las cárceles.
Para la construcción de las cárceles en Izabal se contó con el apoyo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, pues brindaron los estudios de planos y diseño para la cárcel de máxima seguridad con estándares del gobierno de Estados Unidos.
