Una intensa lluvia azotó el departamento de Guatemala el pasado miércoles 31 de marzo, dejando a su paso inundaciones en los municipios al sur y arrastrando cerca de 2 mil 400 metros cúbicos de desechos sólidos que terminaron acumulados en la orilla del lago de Amatitlán, evidenciando nuevamente la vulnerabilidad ambiental de la zona y la falta de soluciones para evitar la contaminación de los cuerpos de agua del país.
En mayo de 2024, la titular del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Patricia Orantes, confirmó la entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo 236-2006, reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales, una normativa que había sido postergada por más de 17 años.
La normativa establecía que las municipalidades debían presentar estudios que explicaran los lugares donde se vierten sus aguas residuales y determinaba que las comunas debían empezar a tratar las aguas negras a partir del 2 de mayo de 2025.
Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y alcalde de la municipalidad de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en rehazo a dicho reglamento.
Finalmente, el acuerdo que buscaba solucionar la contaminación de los ríos, lagos y demás cuerpos acuíferos del país en los que se descarga agua residual quedó suspendido por decisión de la alta Corte, por lo que las alcaldías continúan sin soluciones para evitar emergencias como la ocurrida en el lago de Amatitlán.
Siero condiciona inconstitucionalidad si reforma beneficia a alcaldes
MARN DECIDE NO POSTERGAR REGLAMENTO
Bajo la administración de Alejandro Giammattei, el MARN retrasó nuevamente los plazos para que las municipalidades entregaran los estudios técnicos que determinaran el número de descargas residuales, en el que se debía establecer un inventario de las redes de alcantarillado público, las descargas sin tratamiento y las condiciones de los sistemas de tratamiento de aguas.
A través del acuerdo 285-2022, el MARN estableció como plazo el 30 de mayo de 2024 para la entrega de los informes y determinó que para el 2 de mayo de 2025, las municipalidades debían cumplir con el inicio de operaciones en sistemas de tratamiento para las dos descargas principales que concentran la mayor carga de demanda bioquímica de oxígeno.
El acuerdo también detalla que para el 3 de mayo de 2027 las comunas debían cumplir con tener en operación un sistema de tratamiento para el 60% del total de las descargas consignadas en el informe, y para el 2 de mayo de 2031, se debía contar con el 100%.
A pesar de que en distintos gobiernos se había aplazado la medida, el MARN decidió no dar un nuevo aplazamiento a la entrada en vigencia del referido reglamento.
SIERO VS. MARN
La decisión del MARN fue rechazada por el presidente de la Anam, quien decidió presentar una inconstitucionalidad ante la CC en contra del Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y la Disposición de Lodos.
“Es una irresponsabilidad, pero no de nuestra parte, sino de todos los gobiernos y el Ministerio de Ambiente, que al tener un problema complejo lo único que hacían era patear la pelota para adelante. Era una papa caliente y nadie se animó a entrarle de lleno al tema”, sostuvo Siero en junio de 2024.
El alcalde de Santa Catarina Pinula señaló que accionaron en contra de los tiempos que establece la normativa para la entrega de estudios y la construcción de plantas de tratamiento.
Siero aseguró que no estaban en contra de construir drenajes, pero el acuerdo era “inconstitucional”, ya que se exigen metas “casi imposibles” de cumplir debido a que los nuevos alcaldes no tenían responsabilidades por el incumplimiento de los anteriores jefes ediles.
“Hay municipios muy grandes, que necesitan tener más de 200 plantas de tratamiento, lo cual es imposible”, sostuvo en dicha oportunidad.
Siero también aseguró que iba a retirar la inconstitucionalidad, pero primero el Ministerio de Ambiente debía presentar una propuesta para modificar el acuerdo.
El 31 de mayo de 2024, la CC decidió otorgar provisionalmente la inconstitucionalidad presentada por la Anam, en la que se aseguró que la autonomía de las municipalidades se veía afectada, ya que otorgaba obligaciones, pero no recursos para la medida.
ORANTES: CONTAMINACIÓN CRECE
Derivado de ello, la ministra Orantes aseguró que desde el gobierno central reconocían que muchas comunas no tienen los recursos financieros o las capacidades para cumplir con las metas, por lo que han trabajado de la mano con los alcaldes para cumplir con la solución al problema.
Según Orantes, al haber pospuesto el reglamento por 17 años, el problema de la contaminación en el país creció exponencialmente.
La jefa de Ambiente también remarcó que un informe de la Universidad Rafael Landívar concluyó que los 30 principales ríos de Guatemala tienen baja, mediana o pésima calidad del agua, por lo que no hay un solo río con buena calidad.
Orantes agregó que, tras vencer el plazo el 30 de mayo de 2024, cerca del 75% de las municipalidades lograron cumplir con la entrega del informe, lo cual recalcó que beneficiaba a las comunas para estimar el nivel de inversión pública necesario para las plantas y sistemas de tratamiento.
“Hoy le decimos a ese 25% que no pudo alcanzar la meta y también a la Anam que estamos aquí para trabajar juntos de la mano”, resaltó.
En dicha oportunidad, la ministra de Ambiente destacó que la acción de la Anam atentó contra todos los esfuerzos por rescatar ríos y lagos.
A su vez, resaltó que la acción de la Anam no parecía tener coherencia con el compromiso que la mayoría de alcaldes demostraron al entregar los informes.
CONTAMINACIÓN DEL LAGO AMATITLÁN
Tras la acción de Siero, los alcaldes quedaron sin la obligación de poner en marcha la instalación de plantas y sistemas de tratamiento de agua, evitando así que desechos sólidos contaminen los ríos, lagos y distintos cuerpos hídricos del país.
La construcción y puesta en función de plantas de tratamiento en mayo de 2025 habría logrado evitar el arrastre de desechos sólidos hacia el lago de Amatitlán desde la desembocadura del río Villalobos ocurrida por las fuertes lluvias del pasado miércoles 31 de marzo.
De acuerdo a la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa) se registró el ingreso aproximado de 2 mil 400 metros cúbicos de residuos sólidos, equivalentes a cerca de 200 camionadas de residuos.
