La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) denunció este miércoles el uso del derecho penal para perseguir a operadores de justicia y la persistencia de una impunidad estructural que frena el Estado de derecho en Guatemala.
La denuncia forma parte de las conclusiones de un informe anual divulgado por la entidad sobre 2025, presentado en la capital guatemalteca a representantes de la sociedad civil, misiones diplomáticas y autoridades de los pueblos maya, xinka y garífuna.
El documento, que ya había sido expuesto ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, sistematiza las principales preocupaciones de Naciones Unidas respecto a la regresión democrática y el hostigamiento contra jueces y magistrados en Guatemala.
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La Oacnudh subrayó que el Estado guatemalteco enfrenta desafíos críticos para garantizar la independencia judicial, señalando que diversos funcionarios del sector justicia han sido víctimas de procesos de criminalización por cumplir con sus funciones legales.
Tras la presentación del informe, el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala, Miguel Barreto, destacó que el respeto a estos derechos es la base fundamental para la estabilidad y el desarrollo de cualquier nación.
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Barreto enfatizó que la labor de promoción y defensa de las garantías individuales no es una tarea aislada, sino un compromiso que define la esencia misma de la organización desde su creación.
«Desde su fundación, las Naciones Unidas ha desempeñado un papel clave en la defensa y promoción de los derechos humanos, reconociendo que son un prerrequisito esencial para la paz, la seguridad y el desarrollo», afirmó Barreto.
El informe recomendó al Estado guatemalteco y a sus instituciones implementar medidas urgentes para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, además de asegurar que los procesos de elección de cortes se basen estrictamente en la transparencia y el mérito profesional.
Finalmente, la oficina de la ONU reafirmó su compromiso de acompañar a las instituciones nacionales y a los sectores sociales en la aplicación de las recomendaciones del Alto Comisionado para fortalecer el espacio democrático en el país.
