Los consensos entre la mayoría de bancadas legislativas se reflejaron en la aprobación de dos decretos y la distribución de las 38 comisiones para el presente periodo en una misma plenaria. No obstante, la mitad de los diputados se ausentaron a la interpelación que tiene retenido al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto, desde hace cuatro semanas.
Entre las nuevas leyes, los diputados restituyeron el financiamiento del Instituto de Fomento Municipal (Infom) a las municipalidades, pues en noviembre pasado reformaron el Código Municipal y habían eliminado el artículo 110 Bis de esa normativa, donde se permite el otorgamiento de préstamos.
Asimismo, en el Decreto 6-2026, se elimina el pago del impuesto a herencias, legados y donaciones, que esperó años para su aprobación, por lo que los diputados pidieron al presidente de la República su pronta sanción para que cobre vigencia dicha derogación.
Minutos antes de la sesión del 10 de febrero, varios jefes de bloque se reunieron con el presidente del Congreso, Luis Contreras, para concretar los acuerdos para la repartición de las mesas de trabajo. Entre las bancadas que continúan con la presidencia de las comisiones está Cabal, con las mesas legislativas de Finanzas Públicas, Defensa y Agricultura.
La bancada de Allan Rodríguez, que aunque se está desintegrando no acepta la renuncia de los diputados, logró una comisión más para este periodo y tendrá 11 mesas de trabajo, mientras que a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se le restó una comisión y la mayoría de las que dirigirá son nuevas.
ATENCIÓN POR CANDIDATOS A TSE
Aunque la mayoría de diputados no se presenten al Congreso de la República, se mantienen atentos a lo que ocurre en los distintos salones, como es la inasistencia al juicio político contra el ministro de Desarrollo Social, que desde diciembre de 2025 no ha reflejado resultados.
A la vez, los diputados observan las decisiones de la comisión de postulación para magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) 2026-2031, ya que de los 178 aspirantes, de los cuales algunos están vetados, los comisionados deben elaborar una lista de 20 candidatos, la cual se remitirá a la Junta Directiva legislativa para que se elija a los magistrados electorales que asumirán el 20 de marzo próximo.
Las consignas de organizaciones civiles a diputados y funcionarios es la no reelección tanto para el TSE como para la Corte de Constitucionalidad (CC).
