El 3 de enero 2025 entró en vigencia el decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria. Seis meses después se hizo el nombramiento de la primera gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP). Sin embargo, la aplicación de la ley se encuentra estancada, por lo cual se proponen acciones para que esta normativa pueda avanzar.
Ante la demanda de que el país cuente con una mejor red vial, se espera que la referida ley permita la ejecución de proyectos de infraestructura. Sin embargo, desafíos estructurales en la aplicación del citado decreto impiden que pueda avanzar la ley.
Carlos Melgar, Viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, explica que la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria planteó un ambicioso tema de institucionalidad para atender las rutas americanas y otras que están expresamente establecidas en la ley.
Recordó que desde el año pasado «hay un proceso institucional desarrollado para configurar el aparato con la arquitectura institucional que va a permitir llevar a la práctica todo el tema de las contrataciones y toda la agenda que le plantea para esta institución».
Indicó que este aparente y cumplimiento del Ministerio de Finanzas en el traspaso de los recursos para operar. Sin embargo, aclara que hay ciertas circunstancias de cómo está redactada la ley que plantean desafíos del cumplimiento operativo.
Refiere que había una obligación que marcaba la ley de 60 días después de la entrada en vigencia de la ley para transferir Q10 millones para el fondo operativo. Indicó que hay un fondo que tiene dos subfondos: uno operativo y otro de infraestructura.
El @DiariodeCA publicó este día el Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Prioritaria, que moderniza el modelo de construcción de carreteras en Guatemala, impulsando el desarrollo y la conectividad de frontera a frontera y puerto a puerto.
¡Juntos haciendo un… pic.twitter.com/VoyrFpScvI
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) December 3, 2024
Con esto, explica que se podría construir el capital inicial para que la DIPP pudiera empezar a contratar a personal técnico, a funcionar administrativamente para todos sus roles. No obstante, en la práctica, desde el punto de vista de Finanzas se necesitan las condiciones para trasladar los recursos.
Melgar puntualiza que debe existir en el sistema administrativo financiero del Estado que no depende solo de la cartera del Tesoro, sino que son decisiones que se asumen en el directorio de DIPP.
Además, describió otro desafío. «Hay una complejidad operativa toda vez que por disposición de los legisladores, por ejemplo, todas las decisiones que asume el directorio de la DIPP, deben darse con cuatro votos de cinco. Si en el cierto hay disposición de quienes participamos para lograr los acuerdos, a veces no se logran esos cuatro votos».
El viceministro Melgar explica que es necesario contar con un código de la unidad ejecutora. «Este es un punto crítico porque en el sistema de presupuesto guatemalteco, cada entidad que recibe recursos del Estado tiene que tener un código de unidad ejecutora asignado por la Dirección Técnica del Presupuesto», resaltó.
Advirtió que sin este código es técnicamente imposible hacer transferencias en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin).
Por otro lado, Melgar explica que si se contara con el código, hay otro desafío. «¿A dónde se transfiere el dinero?», cuestiona el funcionario indicando que aunque se tuvieran los fondos, no hay dónde transferir los recursos.
«Se dejó algún elemento en el borrador en el reglamento, que está en proceso también en esto. Pero formalmente no tenemos a dónde remitir el dinero, no hay cuentas bancarias específicas, ni el mecanismo para este registro financiero», señaló.
El otro complemento es el reglamento de la ley, había un plazo, pero sigue en discusión dentro del directorio.
Conoce a la primera gerente de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios
ACCIONES PROPUESTAS
La presidenta del Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (Cutrigua), Carmen Abril habló de tres candados en la ley en mención y las acciones que se pueden realizar para que la normativa pueda implementarse.
Abril expuso que el reglamento de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria es uno de los candados, por lo cual se debe trabajar en la redacción de dicho instrumento normativo.
Asimismo, describió que el segundo candado es la estructura presupuestaria. Como los explicó el viceministro Melgar, resaltó la importancia de contar con el mecanismo adecuado para que se cuente con la asignación de los recursos correspondientes.
El tercer candado es la discusión que hay en torno al sueldo de la gerente de la DIPP. Explica que se han presentado propuestas, pero no se ha logrado llegar a un consenso.
Abril sugiera que se establezca un calendario de instalación intensiva para que la DIPP pueda funcionar.
Asimismo, propone reuniones semanales en vez de quincenales para así avanzar en solventar los aspectos que están pendientes de resolver.
Además, Abril recordó que la ampliación al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado Decreto 3-2026 ya entró en vigencia.
Por ejemplo, citó el artículo 42, el cual permite gestionar negociaciones y contratos de gobierno a gobierno, así con empresas públicas de otros países sin necesidad de llevarlo a licitación.
También mencionó el artículo 48 que permite la continuidad de ejecución de proyectos de infraestructura con contratos sometidos a procesos judiciales
Guatemala: Entra en vigor la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria
Juan Carlos Zapata, Director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa) opina que hay que reconocer que la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria debe ser una urgencia nacional.
«Pareciera que el Ministerio de Comunicaciones todavía no lo tiene claro. La ministra cita cada dos semanas, lo cual es muy lamentable», expresó.
Explica que para la urgencia que tiene este tema, las reuniones deberían de ser cada semana. «Lo que estamos viendo es que no ha habido avances realmente en estos meses en todo lo que el Ministerio de Comunicaciones tiene que trabajar», indicó recordando los recursos que el Ministerio de Fianzas tiene que trasladar.
A juicio de Zapata, «hay falta de priorización por parte del Ministerio de Comunicaciones para poder estructurar ya una mejor propuesta para que la gerente pueda ser contratada, con los honorarios suficientes para poder tener un buen perfil, así como también un personal idóneo para poder avanzar en este proyecto».
Lo que vemos es que «hay una urgencia nacional de resolver el tráfico en Guatemala…
Sabemos que ya se pueden utilizar también las herramientas que da la nueva ley de alianzas públicas privadas, pero también como lo mencionaba el director de la ANI, eso también requiere una solicitud del Ministerio de Comunicaciones que hasta la fecha ella tampoco lo ha hecho».
El director de Fundesa estima que la titular de Comunicaciones «todavía no ha visto la urgencia que tiene el puesto para el cual fue nombrada, así es que lo que esperamos es que pronto ella tome sus responsabilidades y realmente empecemos a trabajar por un país que realmente necesita más infraestructura».
Recordó que «el gobierno tiene los recursos, tiene las herramientas, tiene la capacidad, pero lo que falta es voluntad política para poder implementar todo lo que tiene que avanzar para poder tener mejores carreteras en el país».
Ley de Infraestructura Prioritaria tiene errores y limitaciones para ejecutar, dice Menkos
