La Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), pide un análisis más profundo de la iniciativa 6534 «Ley de Protección de la Red Vial y la Infraestructura Crítica del Estado» y destaca los aspectos a considerar.
La Alianza puntualiza que la discusión legislativa en torno a la citada iniciativa de ley debe transformarse en una oportunidad para fortalecer el marco normativo que rige la infraestructura estratégica del país.
ATAL explica que «el dictamen favorable de dicha iniciativa introduciría un nuevo modelo de gestión en el que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército asumiría funciones en el mantenimiento y protección de la red vial nacional».
Por ello, resalta que dicho modelo necesita ser armonizado con el mandato de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria (DIPP), establecida en el Decreto 29-2024. El objetivo de la DIPP es de impulsar de manera eficiente la planificación, operación y mantenimiento de rutas prioritarias como las carreteras centroamericanas y los anillos metropolitanos.
Recuerda que la DIPP, adscrita al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), «cuenta con independencia técnica, financiera y administrativa, y fue concebida para generar certeza en el desarrollo de proyectos estratégicos, incluidos esquemas de operación y mantenimiento de largo plazo financiados por disponibilidad de servicio».
Por tal razón, ATAL indica que «el otorgamiento de competencias similares a otra entidad estatal, aunque bien intencionado, podría generar traslapes normativos, ambigüedades institucionales y, sobre todo, incertidumbre para los inversionistas que buscan reglas claras en materia de gobernanza vial».
EVITAR FRAGMENTACIÓN INSTITUCIONAL
La Alianza hizo énfasis en que «un principio fundamental del diseño institucional eficiente es la claridad en la asignación de competencias, especialmente cuando están en juego inversiones de alto impacto y largo plazo».
Explicó que el traslape de mandatos sin una coordinación explícita entre la DIPP y el Ministerio de la Defensa Nacional podría derivar en duplicidad de funciones, dificultando procesos como licitaciones, gestión del derecho de vía o la ejecución contractual, e incluso generar contradicciones en los esquemas de supervisión y control.
«Este tipo de superposición institucional también puede tener efectos sobre la percepción internacional del país como destino confiable para la inversión en infraestructura, especialmente cuando se promueven contratos bajo estándares de disponibilidad y rendimiento a largo plazo», afirma.
«Por estas razones, y con el objetivo de asegurar que cualquier modificación normativa fortalezca y no fragmente la institucionalidad pública del país, se propone que la Iniciativa 6534 sea devuelta a la Comisión de Defensa Nacional para armonizarla con el marco vigente», recomienda ATAL.
La Alianza expuso que «un análisis técnico más profundo podría garantizar que la propuesta final respete los principios de coordinación interinstitucional, evite conflictos de mandato y promueva una visión unificada de desarrollo estratégico de la infraestructura nacional».
LA INICIATIVA
La iniciativa 6534 fue presentada al Congreso el 24 de abril de 2025, obtuvo un dictamen favorable por parte de la Comisión de la Defensa del Legislativo, el pasado 27 de agosto y avanzó en primera lectura el 20 de enero.
La propuesta de ley tiene como objetivo principal que el Ejército de Guatemala, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército ejecute las acciones necesarias dentro del ámbito de su competencia para la protección de la red vial del país y la infraestructura considerada como crítica para el desarrollo del país.
La justificación de esto es para «garantizar la movilidad, el diseño de rutas de abastecimiento y evacuación, ante la posibilidad de potenciales amenazas a la locomoción como resultado de desastres naturales que requieran una intervención urgente y permita consolidar la cobertura oportuna de los límites políticos internacionales en el marco de la seguridad nacional».
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— PERSPECTIVA (@PerspectivaGT) January 20, 2026
