POR KIMBERLY LÓPEZ
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El marco legal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) limita las funciones de esa institución más allá de realizar solicitudes y sugerencias a las instancias encargadas de sancionar irregularidades en las actividades vinculadas Estado, según ha dicho la procuradora María Eugenia Villagrán, quien no descarta la posibilidad de que se pueda considera la “nulidad” en el negocio de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).
En el caso del contrato firmado con la TCQ, la procuraduría está a la espera de reunirse con el presidente en funciones, Jafeth Cabrera, para hacer sus sugerencias respecto al destino de dicho contrato.
Según había informado Cabrera, la procuradora sería invitada a la reunión de gabinete que se realizó hoy por la mañana para de que se presentarán los argumentos respecto a qué medidas tomar frente a dicho contrato. Sin embargo, Villagrán informó que no fue convocada.
La procuradora consideró que declarar la nulidad de dicho contrato sería una posible opción considerando las ilegalidades en medio de las que se firmó este usufructo.
Una de estas anomalías tiene que ver con que el proceso de negociación de las condiciones contractuales entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal lo llevó a cabo el exinterventor de la Portuaria, Allan Marroquín, quien pudo haber irrespetado la Ley de Contrataciones del Estado en la adjudicación de este servicio público, o peor, sin tener las facultades para suscribir el contrato.
Según Villagrán, la nulidad sí es posible porque las cláusulas lo permiten sin el riesgo de generar un litigio o una indemnización a TCQ por la inversión realizada de momento.
EN ANÁLISIS
Por su parte, el Ejecutivo se encuentra en proceso de evaluación sobre las acciones a tomar en los próximos días en cuanto a dicho usufructo.
Según el portavoz presidencial, Heinz Heimann, la complejidad del tema ha desacelerado el proceso. Sin embargo, el presidente Jimmy Morales no ha podido tomar una decisión sobre esto.
No obstante, declarar la lesividad del contrato es una opción descartada.
De la misma forma opina la PGN, pues luego de tres años de haberse concretado la firma del usufructo, la lesividad no es una alternativa legalmente viable, pues el plazo ha vencido.
Heimann explicó que se podría declarar nulo el contrato. Sin embargo, indicó que se debe evaluar que hayan elementos dentro del contrato que permitan declararlo nulo sin “tener repercusiones para el Estado”.
AGUILAR INTENTA DESLIGARSE
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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Vladimir Aguilar, quien es investigado por el Caso TCQ, explicó que el contrato irregular con la Portuaria Quetzal ya había sido firmado antes de que iniciara su administración como Procurador General de la Nación en 2013, por lo que no participó del negocio de corrupción.
La Fiscal General dijo el viernes pasado que se investiga a Aguilar por una serie de reuniones mantenidas con el expresidente Otto Pérez Molina en las que se trató el tema del contrato entre TCQ y la Portuaria; sin embargo el magistrado rechazó haber platicado con el exmandatario al respecto.
