La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió declarar con lugar, de forma parcial, varias acciones de inconstitucionalidad contra disposiciones del artículo 120 del Código Tributario, reformado mediante el artículo 19 del Decreto 31-2024, conocido como la Ley para la Integración del Sector Productivo Primario y Agropecuario.
La decisión de la Corte implica la expulsión del ordenamiento jurídico de algunos fragmentos que, a criterio del alto tribunal, vulneraban derechos constitucionales, mientras que otras disposiciones se mantienen vigentes.
La sentencia se dictó el pasado 26 de noviembre dentro de los expedientes acumulados 2587-2025, 2588-2025, 2608-2025 y 2612-2025, y que fueron promovidos por abogados y por el CACIF.
Al mismo tiempo, la CC también conoció el expediente 3045-2025, en el que decretó suspensiones provisionales sobre otros fragmentos del mismo artículo 120, mientras se emite resolución definitiva.
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LO QUE ANULÓ LA CC
De acuerdo con la resolución, la CC dejó sin efecto:
- La disposición que obligaba a revelar de manera general los nombres de socios o accionistas y sus porcentajes de participación.
- El enunciado que permitía a la SAT exigir información de forma electrónica, gratuita, ilimitada y en tiempo real a registros de personas individuales o jurídicas.
- La frase que imponía el uso obligatorio del NIT en todas las relaciones civiles, mercantiles, laborales, financieras, notariales, administrativas y judiciales, aun cuando no existiera una obligación tributaria concreta.
La CC consideró que estos extremos invadían injustificadamente la privacidad y la confidencialidad de la información que está protegida por el artículo 24 de la Constitución, ya que no tienen relación directa con obligaciones tributarias específicas.
LO QUE SIGUE VIGENTE TRAS LA RESOLUCIÓN
La Hora consultó a una fuente con conocimiento en el tema, que explicó que la CC no declaró inconstitucional la frase que condiciona la realización de gestiones ante la Superintendencias de Administración Tributaria (SAT) a la actualización o ratificación anual de datos del contribuyente.
También el artículo 21 del Decreto 31-2024, que establece un mecanismo de regularización para quienes omitieron declarar ingresos obtenidos antes de la vigencia de la ley, permitiendo presentar una declaración jurada patrimonial y pagar un impuesto del 5 por ciento sobre ingresos no declarados o inventarios a registrar.
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“Lo que la Corte hizo fue una depuración: expulsó los fragmentos que abrían la puerta a accesos ilimitados de información y al uso indiscriminado del NIT, pero dejó intacto el esquema de regularización y otras obligaciones formales”, explicó la fuente.
Detalló que las impugnaciones se dirigieron principalmente contra la literal f del artículo 19 y frases específicas, no contra todo el cuerpo normativo.
SUSPENSIONES PROVISIONALES
En el expediente 3045-2025, la CC decretó la suspensión provisional de varios fragmentos adicionales del artículo 120 reformado, entre estos exigencias previas a iniciar actividades, verificaciones obligatorias de inscripción ante la SAT para otorgar licencias, y la facultad de suspender inscripciones por inconsistencias, mientras se analiza el fondo del asunto.
La CC aclaró que estas suspensiones son temporales y estarán vigentes hasta que se emita sentencia definitiva.
CACIF SE PRONUNCIA
Tras conocerse la resolución, el CACIF informó que la CC declaró con lugar, de manera parcial, acciones de inconstitucionalidad —incluida la que la misma entidad promovió— y resaltó que quedaron sin efecto disposiciones que obligaban a revelar datos de socios, permitían requerimientos ilimitados de información y exigían el uso del NIT en relaciones no tributarias.
CACIF informa que la Corte de Constitucionalidad declaró en lugar, acciones de inconstitucionalidad de carácter general parcial, entre ellas una promovida por CACIF, contra disposiciones del artículo 120 del Código Tributario, reformado por el artículo 19 del Decreto 31-2024.… pic.twitter.com/wpRPJrlDNN
— CACIF (@CACIFGuatemala) December 18, 2025
