POR ACISCLO URÍZAR
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El informe presentado por representantes de organizaciones laborales, concluye que existe una situación generalizada de violación a los derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado. Además se plantea una serie de sugerencias para velar por la institucionalidad que garantice la calidad del gasto público y la eficiencia de gestión para el cumplimiento de estos derechos.
Magaly Cano, de la Campaña Guatemala Sin Hambre, resaltó que desde la sociedad civil están dedicándose a realizar la auditoría social e informes alternativos en materia de estos derechos, para que sean tomados en cuenta en la evaluación que se hará en noviembre de este año al Estado de Guatemala para verificar el cumplimiento o no de los derechos citados con anterioridad.
