Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Ahora que NO se discute sobre el tema del financiamiento electoral y dado que para mí en lo personal y para nosotros en La Hora, ese tema es el centro de todos nuestros males del sistema político, quisiera trasladar algunas ideas derivadas de varios comentarios de lectores que piden algunas luces sobre el tema.
No soy ni experto, ni magistrado electoral ni diputado, pero si en mis manos estuviera, mi propuesta fuera la siguiente:
Crear un Registro Público de Financistas (RPF) electorales a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La persona o entidad jurídica que desee aportar a una campaña debe estar inscrita ante tal registro, una vez el comité de análisis del RPF dé el visto bueno.
Para inscribirse, además de cumplir con no ser deudor moroso del Estado ni de sus entidades descentralizadas o autónomas, las entidades deberían presentar toda su información corporativa.
Las entidades que deseen financiar tienen que estar dispuestas a levantar su “velo corporativo”, es decir, deben revelar quiénes son las personas de carne y hueso que son las verdaderas dueñas de las entidades, sin importar que para eso se tenga que revelar el nombre de 3 o 4 otras compañías que formen parte de toda una estructura corporativa.
Me explico: Si la sociedad A tiene como accionistas a las entidades B y C, se debe conocer quiénes son las personas individuales que sean las dueñas de las entidades B y C. Todo ese proceso lo debe hacer el TSE con rigurosidad y por ende, el comité del RPF debe estar conformado por abogados, financieros y auditores.
Y digo financieros y auditores, porque a mi juicio, otro requisito esencial es que quien desee ser financista no debería de poder aportar más del 10% de sus ingresos brutos, ya sea que los aportes sean en efectivo o en especie y para determinar ello, es que se deben presentar los estados financieros auditados de las personas jurídicas. Ese 10% sería el máximo aunque se financie más de un partido.
Por supuesto que hay que limitar que los contratistas del Estado no puedan ser inscritos en el RPF, sino hasta 5 años después de la fecha de la conclusión de la última obra o servicio prestado, comprobada tal fecha con el acta de liquidación del contrato.
Quienes financien a un partido político, no deberían ser parte de un eventual gobierno o parte del equipo de un congresista, ni sus accionistas, representantes, apoderados y/o empleados, ni tampoco podrán ser contratistas hasta que termine el periodo del partido o la persona a la que financiaron.
Todos los aportes deberían ir acompañados de declaraciones juradas (en formulario) en donde se detallen los montos y las formas de entregarlos. Las personas individuales también se deben registrar y quien desee aportar más de Q50 mil, le debería aplicar el mismo 10% de sus ingresos fehacientemente comprobados y las mismas prohibiciones deben aplicar para las empresas a las que estén vinculadas.
Así mismo, se debe regular penalmente el financiamiento ilícito de las campañas para castigar a quienes den y a quienes reciban aportes sin haber cumplido con lo establecido con anterioridad, en especial sin haberse inscrito en el RPF; además se debe penalizar la falsedad de la información proporcionada al RPF.
Esta idea es para enarbolarla más a fondo, pero la intención es demostrar que sí se puede transparentar el financiamiento y que quien desee hacerlo, debe pasar un escrutinio público; verán como reducirán los financistas y aquel que aporte, lo deberá hacer esperando un mejor país, no un negocio o una influencia.
