Guatemala no ofrece un mecanismo independiente para que el MP rinda cuentas, observa Stanford

Tras presentar un informe sobre las acciones que se consideran abusos de poder por el Ministerio Público (MP), el Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford University observa que Guatemala no ofrece mecanismos independientes para que el ente investigador rinda cuentas de acuerdo con el derecho internacional.

Esta es una de las conclusiones a las que llega Amrit Singh, profesora de derecho y directora ejecutiva del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford University.

La prestigiosa casa de estudios superiores presentó, junto con el Van Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, el reporte titulado “Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala”, en el cual hace una radiografía de diversas actuaciones del ente encargado de la persecución penal en el país que están alcanzando niveles de abuso de poder.

El reporte proporciona datos de organismos internacionales, el cual documenta graves faltas y abuso de poder por parte del Ministerio Público de Guatemala bajo su actual liderazgo, el de María Consuelo Porras Argueta como fiscal general y jefa del MP desde 2018.

A lo largo de los diversos informes internacionales se destacan acusaciones sobre obstrucción de investigaciones en casos de corrupción, utilización del derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, e intenciones de subvertir la democracia del país.

«El registro oficial del abuso de poder por parte del Ministerio Público es abrumador y no puede ser ignorado», explicó Singh.

«Sin embargo, la legislación guatemalteca no proporciona ningún mecanismo independiente e imparcial para que la Fiscalía rinda cuentas, tal y como exige el derecho internacional. El Estado de Guatemala debe garantizar que el Ministerio Público rinda cuentas y respete el Estado de derecho», agregó.

RECOMENDACIONES PARA LA INDEPENDENCIA

Luego de destacar la falta de un mecanismo independiente e imparcial que garantice la rendición de cuentas de la fiscal general por mala conducta, en el informe se emite una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala para reformar este mecanismo.

• Garantizar que el Ministerio Público y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
• Establecer procedimientos disciplinarios claros y transparentes que aseguren
  que los fiscales rindan cuentas por posibles faltas en el ejercicio de sus funciones.
• Garantizar la independencia de las investigaciones en aquellos casos que involucren al Fiscal General.
• Reformar las leyes y reglamentos en Guatemala para evitar que la estructura jerárquica del Ministerio Público sea un obstáculo para que los altos funcionarios de esa oficina rindan cuentas.

Stanford recuerda que 42 países han emitido sanciones, de manera individual y colectiva, contra la Fiscal por corrupción e intentos de socavar la democracia.

Al no tener Guatemala una legislación que provea de un mecanismo independiente e imparcial para exigir responsabilidades al fiscal general, como exige el derecho internacional, Stanford ve que el único medio para exigir responsabilidades es su destitución mediante una condena penal firme por un delito intencionado cometido durante su mandato, como quedó establecido en la ley Orgánica del MP.

Explica que cualquier investigación penal tendría que ser iniciada por el Ministerio Público, que en este caso, Porras Argueta dirige y, o bien por personal jerárquicamente inferior a ella, o bien por un fiscal especial externo que es nombrado por ella y puede ser destituido por ella.

«La estructura jerárquica del Ministerio Público hace prácticamente imposible exigir responsabilidades a la Fiscalía General por mala conducta», concluyó Stanford, por lo cual resalta la importancia de solucionar dicha situación con las recomendaciones dadas.

El Ministerio Público ha negado este tipo de informes y ha señalado de injerencia extranjera las calificaciones que se hace al mandato de Porras Argueta.