Informes oficiales internacionales señalan que el Ministerio Público (MP), bajo su actual liderazgo, ha incurrido en graves faltas y abusos de poder.
En estos reportes se incluyen acusaciones de que la Fiscalía General ha obstaculizado investigaciones sobre corrupción, ha utilizado el derecho penal como herramienta para perseguir a operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos, y ha intentado desestabilizar la democracia del país.
«Por encima de la ley: El Ministerio Público en Guatemala», es el nombre del reporte elaborado por el Laboratorio de Impacto del Estado de derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Cyrus R. Vance Center for International Justice, que recopila datos destacados de varios informes oficiales internacionales.
Según el reporte, el ente investigador es la «principal entidad encargada de garantizar el cumplimiento de la ley en una democracia y desempeña un papel crucial en la protección del Estado de derecho».
«No obstante, en los últimos años, ha sido señalado por diversas fuentes oficiales internacionales por haber atacado de manera sistemática el Estado de derecho», se lee.
En ese sentido, se recuerda que esta situación ha llevado recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a recomendar de manera específica una revisión independiente del funcionamiento del MP y de su impacto en los derechos humanos bajo la consideración de las denuncias ampliamente difundidas sobre su falta de objetividad.
En tanto, se incluye la versión del MP el cual ha negado de manera reiterada «la existencia de una práctica de criminalización, argumentando que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que reciba, sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión».
ABUSOS DE AUTORIDAD
En el informe se hace un recorrido por algunos eventos que han marcado el desempeño del MP. Entre ellos la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) provocada por el presidente Jimmy Morales, quien estaba bajo investigación y se negó a renovar el mandato de la comisión.
En el documento se recuerda que la Cicig denunció en su último informe la manipulación de investigaciones, así como la criminalización de fiscales y jueces que intentaban garantizar investigaciones objetivas en Guatemala.
Otro hecho que se destaca, por parte de la CIDH, es la destitución del fiscal especial Juan Francisco Sandoval, titular de la Feci, por parte de la jefa del MP, Consuelo Porras, el 23 de julio de 2021, la cual fue calificada de «arbitraria e ilegal».
También se menciona la detención del reconocido periodista y presidente del medio de comunicación elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, por presuntos delitos relacionados con el lavado de dinero.
El reporte incluye datos de la CIDH, la cual había sido informada de que “el Ministerio Público estaría actuando de manera concertada con grupos de personas interesadas en menoscabar el ejercicio legítimo de la acción penal en favor de la impunidad, entre ellos, la Fundación Contra el Terrorismo”.
CRIMINALIZACIÓN DE OPERADORES CLAVE DEL MP
Stanford y Van Center resaltan cinco patrones específicos que evidencian la criminalización de operadores clave del Ministerio Público, según documentó la CIDH:
La presentación de un gran número de denuncias contra una misma persona, en muchos casos “por los mismos hechos”, con el claro propósito de dificultar su defensa legal.
Por ejemplo, la CIDH fue informada de que algunos operadores de justicia enfrentaban entre “30 y 100 causas penales por el ejercicio de sus funciones.”
La presentación de denuncias anónimas o infundadas, con el fin de generar un “clima de presión, hostigamiento e intimidación.”
Se imputan delitos que no se corresponden con los hechos denunciados. Por ejemplo, “personas que no son funcionarios públicos son investigadas por delitos que solo son aplicables a funcionarios públicos”, o jueces y abogados son procesados únicamente “por el contenido de sus sentencias” o por ejercer su labor como defensores.
Abusos en la aplicación de medidas cautelares, como la prisión preventiva. A través de la imputación de “delitos graves que no permiten medidas alternativas”, o la imposición de “fianzas millonarias imposibles de pagar”, se priva a las personas procesadas de la posibilidad de acceder a la libertad durante el curso del proceso penal.
Violaciones al derecho al debido proceso y al derecho de defensa mediante el uso de prácticas dilatorias en los procesos penales o negando el acceso a expedientes e información relacionada con los casos en los que se investiga a una persona.
Además, se asegura que el Ministerio Público ha obstruido la «producción de pruebas exculpatorias» y ha ejercido presión sobre el imputado para que acepte los cargos a través de la figura de «aceptación de cargos», ante la inminente pérdida de su libertad.
El reporte también integra datos de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se señala que el Ministerio Público intimidó a las autoridades electorales, incluso mediante allanamientos a oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) e intentos de retirar la inmunidad a funcionarios de esa institución; así como por las denuncias de intimidación contra miembros del Movimiento Semilla y sus familiares.
Otro aspecto resaltado es la condena por parte de la OEA ante las solicitudes de retiro de inmunidad de funcionarios y líderes políticos democráticamente electos, así como la presentación de antejuicios contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera en 2023, y varios miembros de la oposición. Esto fue calificado como acciones inapropiadas y contrarias a los principios democráticos.
Además, se recuerda el caso de la exfiscal Virginia Laparra, hecho que fue condenado por entidades como la Organización de Naciones Unidas (ONU) la cual consideró de arbitraria su detención.
El reporte de Stanford y Van Center agrega informes de la Unión Europea, la cual, tras haber observado el proceso electoral 2023, indicó que hay un grave deterioro del Estado de derecho y de la independencia del poder judicial, así como severas restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.
NORMAS INTERNACIONALES
El reporte hace un recordatorio de ciertas normas internacionales que Guatemala debe cumplir como país para garantizar que los fiscales, como actores fundamentales de la administración de justicia, mantengan en todo momento el honor y la dignidad de su profesión, y actúen de manera justa, objetiva e imparcial.
En ese sentido, se hace hincapié en el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, el cual, establece que los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la legislación nacional.
«La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha confirmado que los tratados de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución. Guatemala ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», se lee en el reporte.
«Además, Guatemala también está obligada por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ha firmado y ratificado», agrega.
RECOMENDACIONES
Tras plantear hechos y acciones que son considerados como abusos de autoridad, el reporte de Stanford y Van Center emite recomendaciones a Guatemala.
- Garantizar que el Ministerio Público y sus fiscales actúen con imparcialidad, objetividad y profesionalismo.
- Establecer procedimientos disciplinarios claros y transparentes que aseguren
que los fiscales rindan cuentas por posibles faltas en el ejercicio de sus funciones. - Garantizar la independencia de las investigaciones en aquellos casos que involucren al Fiscal General.
- Reformar las leyes y reglamentos en Guatemala para evitar que la estructura jerárquica del Ministerio Público sea un obstáculo para que los altos funcionarios de esa oficina rindan cuentas.
EL MP NIEGA SEÑALAMIENTOS
El MP en sus redes sociales fijó su postura por el informe de la CIDH. Aseguró que «sus pronunciamientos no solo evidencian desconocimiento y sesgo, ya que el Ministerio Público está obligado a investigar todas las denuncias, por lo que no hacerlo o sugerir que no se haga, representa impunidad y vulnera gravemente los derechos de las víctimas que presentan denuncias».
Asimismo, escribieron, «rechaza cualquier acción que pretenda vulnerar los derechos de los guatemaltecos, y que se atente contra la soberanía del país y la autonomía institucional, y no acepta ni aceptará ningún tipo de injerencia nacional o extranjera».
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