El 4 de septiembrede 2024, la Policía Nacional Civil (PNC), reportó la aprehensión de Manuel Sical Gómez, que era buscado desde 2011 por su supuesta vinculación con un grupo de sicarios que dieron muerte a dos candidatos a alcalde de San José Pínula, Guatemala.
Por este caso fue condenado en el 2014 el exprecandidato a la alcaldía Luis Marroquín.
Sin embargo, la audiencia de primera declaración no se ha podido llevar a cabo porque el Ministerio Público (MP) no cuenta con la carpeta de investigación completa, en la cual deberían estar los indicios por los cuales hace más de 10 años se creía que Sical tenía una participación en el caso.
Esta situación transcendió hasta ahora, pues esa carpeta de investigación no tenía movimiento desde hace ocho años aproximadamente.
Policías de la comisaría 53 en San Antonio La Paz, El Progreso, detuvieron a Manuel “N” de 52 años, por ser sindicado de asociación ilícita, asesinato y simulación de delito. 🧵 pic.twitter.com/eXWmvfSjJ1
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 4, 2024
La Fiscalía explicó ante el juez de Mayor Riesgo B, Manolo López, que desde la sentencia de 2014, y que causó firmeza años después, existió una orden para archivar el expediente, tanto en el MP como en el juzgado.
Sin embargo, ahora que la fiscalía de delitos contra la vida tiene nuevo personal, nadie da cuenta de en qué lugar se halla el expediente.
Tras varios días de búsqueda se estableció que el juzgado de ejecución penal posee una copia en donde lo solicitaron, pero han transcurrido varias semanas sin tener una respuesta.
Por esta razón, el 3 de octubre, López emplazó al juzgado para que, en término de cinco días, trasladen la documentación que tienen en su poder.
INFORMACIÓN ENCRIPTADA POR CICIG
En la búsqueda de la documentación, se ubicó que en esa carpeta debe existir una declaración en anticipo de prueba que otorgó un colaborador eficaz dentro del caso, mismo que no está ni en el MP ni en el juzgado de ejecución.
No obstante, en el rastreo se determinó que los discos que poseen la información, están en manos del Juzgado de Mayor Riesgo B, donde se localizó el material finalmente.
El problema es que al momento de ingresar en los discos se determinó que la información fue encriptada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y no se cuenta con el formato adecuado para leer los datos.
En tal sentido, López indicó que se solicitó apoyo al área técnica del Organismo Judicial (OJ) para buscar la forma de acceder.
De igual forma se entregó una copia al fiscal, quien aseguró que también solicitará el apoyo técnico del MP para desencriptar la información y tener el acceso.
«LIBRE» CONDICIONALMENTE
Esta situación llevó a otro hecho inédito. Desde el 4 de septiembre, Sical Gómez permaneció detenido en forma provisional y a la espera de que se programara la audiencia de primera declaración y así resolver su situación legal.
Según el artículo 9 de la Constitución de Guatemala, debe estar más de 24 horas detenido sin que se proceda al interrogatorio judicial respectivo, es decir, su primera declaración.
Situación que en su momento fue recordada por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que los plazos se respetaran.
Cámara Penal: Audiencias de primera declaración deben realizarse máximo en 24 horas
Sin embargo, en este caso, Sical Gómez cumplió 30 días detenido sin poder resolver su situación legal, por lo que el juez López, ordenó una libertad condicional en modo de medida sustitutiva, dada la situación extraordinaria del caso.
Según la decisión del juzgador, y con anuencia de la defensa, Sical firmó un acta de compromiso para acudir a una siguiente audiencia. Finalmente, fue puesto en libertad.
Al señalado lo acusan de asesinato, simulación de delito y asociación ilícita.
EL CASO
En 2011, ocurrieron tres ataques armados contra candidatos a la alcaldía de San José Pinula, Guatemala.
En el primero, cometido el 11 de junio de 2011, se dio muerte a Augusto Ovalle Barrera, en el cual, producto del ataque, también mataron a sus dos asistentes, Edilma Rosario Gramajo y María Rosario Alvizúrez.
En el segundo hecho, el 16 de junio de 2011, el grupo dio muerte a Carlos Enrique Dardón Girón, donde también quedó herido Juan Antonio Torres Yumán.
Y en el último hecho, ocurrido el 18 de junio de 2011, un intento de asesinato contra Luis Marroquín.
Sin embargo, la investigación determinó que trató de «un auto ataque», pues Marroquín había ordenado la muerte de sus contrincantes y para desviar la atención decidió fingir ser una víctima más para borrar cualquier sospecha en su contra.
Por tal razón, en 2014, el Tribunal de Mayor riesgo A condenó a Marroquín a 142 años de prisión por los delitos de asesinato, asociación ilícita y simulación de delito, mismos que cumple en la granja penal de Cantel en Quetzaltenango.
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