Este viernes se tenía previsto que el Juzgado Octavo Penal conociera la petición anunciada por la Fiscalía contra la Corrupción desde el año 2021 para desestimar la denuncia que se presentó por el intento de compra de los aviones Pampa III, que en 2019 el entonces presidente Jimmy Morales pretendía adquirir a una empresa argentina, sin embargo, la audiencia fue suspendida.
Según se conoció, la Procuraduría General de la Nación (PGN) no fue informada de la realización de la audiencia, por lo que el juez consideró que es necesario el pronunciamiento del abogado del Estado en el caso. Para tal efecto reprogramó la audiencia para enero de 2025, por cuestiones de agenda.
Caso Pampa III: MP ratificará cierre a favor de Jimmy Morales
A criterio del Ministerio Público, dado que la compra no se concretó, no hubo detrimento al patrimonio y, por lo tanto, buscan la salida legal al proceso de investigación.
Esta es la segunda vez que se suspende la audiencia, la primera vez fue hace un año, cuando el juzgado había programado la vista, pero por ausencia de las partes, no se llevó a cabo.
De acuerdo con el historial de la carpeta, el caso solo tuvo dos movimientos, uno en 2019, donde se recogió un anticipo de prueba y la petición de desistimiento.
COMPRA INTERNACIONAL
En julio de 2019, por medio del perfil de la red social X del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, se conoció que Jimmy Morales en compañía de ministros de Estado, entre estos la canciller Sandra Jovel y el ministro de la Defensa Luis Miguel Ralda, visitaron el país sudamericano con la finalidad de adquirir dos aviones Pampa III por un valor de US$25 millones, aproximadamente Q215.8 millones.
La visita se dio a la Fábrica Argentina de Aviones S.A. (Fadea), en donde su director ejecutivo Fernando Sibilla, afirmó que habían cerrado el acuerdo para proveer las aeronaves.
Sin embargo, las intenciones de Morales se vieron frustradas luego que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera un amparo en el cual se le ordenó abstenerse de la compra, ya que debía agotar los requisitos indicados en las leyes nacionales para adquirir dichos aviones.
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A dicha resolución, se sumó la resolución de la Contraloría General de Cuentas en la que señaló al Ministerio de la Defensa que debía suspender la compra ante la posibilidad de anomalías en la misma.
El caso inicialmente fue tomado por la Fiscalía Contra la Corrupción cuando Stuardo Campo se encontraba a cargo de la misma, tras la salida de este en 2021, los análisis de los nuevos encargados aseguran que no había elementos para continuar con la persecución penal.
