Una carretera en Sololá ha costado hasta, Q113 millones adicionales al monto por el cual se firmó el contrato, según consta en registros oficiales que se encuentran en portales oficiales del Gobierno.
La carretera donde se desarrollaron los trabajos es la Ruta Departamental SOL 10 (RD-10), del kilómetro 171 de la ruta Interamericana hasta la aldea Xejuyub, en Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, un tramo de 42 kilómetros cuya rehabilitación se dividió en dos tramos.
El primero, de 27.5 kilómetros, que es el que conecta de la aldea Chiquisis con Xejuyub, fue adjudicado a Aspetro, polémica constructora que multiplicó sus ingresos durante el gobierno de Alejandro Giammattei y que se le relaciona con Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y pareja del exmandatario.
El proyecto se adjudicó el 28 de enero de 2022 por un monto de Q196.6 millones. La oferta de Aspetro fue la segunda de una lista de tres compañías que participaron. También lo hizo Supervisión, Construcción y Mantenimiento, S. A., cuya oferta fue por Q182.1 millones y Desarrollos Inmobiliarios las Pilas, por Q208 millones.
De acuerdo con el contrato, el lugar donde se rehabilitó la ruta era de terracería, montañoso y de pendientes, tiene dos carriles de 2.75 metros de ancho cada uno. El plazo para concluir los trabajos era de dos años.
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PAGOS EN ESTE AÑO
En el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) consta que por este proyecto se han hecho pagos hasta por Q113 millones arriba de lo establecido en el contrato. Según la información, en 2022 se pagaron Q128.9 millones y en 2023, Q163.5 millones
Pero, los desembolsos a Aspetro por este proyecto no se detuvieron en 2024, ya con el gobierno de Bernardo Arévalo se le cancelaron por lo menos Q15.9 millones, según el SINP. Estos desembolsos causaron críticas en redes sociales que respondió el actual titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Félix Alvarado, quien dijo que los pagos permitirían completar y recibir la obra.
«No pagar a un proveedor por su reputación exige un marco legal distinto del actual. El único resultado de no pagar será que la obra se suspenda y la gente se quede sin su uso», precisó el funcionario.
«Se vale la indignación, pero es indispensable reconocer que no tenemos buenas opciones, solo opciones menos malas», puntualizó en su cuenta de X, el pasado 30 de junio.
Alvarado justificó los pagos con que, mientras los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe, los funcionarios «solo podemos hacer lo que la ley manda, dentro del contrato vigente», y en tal sentido cuestionó: «¿Qué es peor: pagar un contrato tóxico o dejar a la gente sin la obra?».
EMPRESA CUESTIONADA
Desde 2005, Aspetro ha recibido adjudicaciones por parte de entidades del Estado. Paulatinamente el monto de estas fue subiendo y pasaron de Q64 millones en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) a Q534 millones en la administración de Jimmy Morales (2016-2020).
Pero fue en la administración de Giammattei que se multiplicaron los contratos que recibió, según los registros de Guatecompras. En esos cuatro años sumó adjudicaciones por más de Q2 mil millones; es decir, un incremento de más de 3,000% entre 2005 y 2023.
La empresa es vinculada con Miguel Martínez. En julio de 2022, los socios de la firma, Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva —padre e hijo—, fueron incluidos en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalados de ser actores corruptos o antidemocráticos.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los sancionados incurrieron en «actos de corrupción al pagar sobornos para recibir contratos de construcción del Gobierno».
Curruchiche no es Laparra: MP le desestima denuncia por revelar información de caso bajo reserva
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 7, 2024
Posteriormente, La Hora pudo establecer que la sanción obedeció, en parte, a la relación que estos tenían con Martínez, quien meses después también fue sancionado por Estados Unidos.
Aspetro fue la segunda constructora que más monto obtuvo en adjudicaciones en el gobierno pasado, solo detrás de Grupo Muratori a quien le fue adjudicada la construcción del Puente Belice II y sus aproximaciones, un proyecto de más de Q1 mil 700 millones.
El pasado 1 de diciembre el Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), le impuso sanciones financieras al exjefe del Centro de Gobierno, por aprovechar su posición para obtener beneficios personales en el negocio de las vacunas Sputnik V.
Según la OFAC, Martínez solicitó grandes sobornos para facilitar la compra de los inmunológicos rusos por parte del Gobierno de Guatemala. La compra se concretó en abril de 2021 con la farmacéutica rusa Human Vaccine, el país pagó más de Q614 millones por ocho millones de vacunas, la mayoría de las cuales se venció.
TRAMO INCONCLUSO
El primer tramo de esa carretera —del kilómetro 171 de la ruta Interamericana hasta la aldea Xejuyub—, fue noticia hace unos días debido a que el CIV denunció que la empresa, Desarrollos Inmobiliarios Las Pilas, S. A., precisamente una de las que presentó ofertas en el proceso que ganó Aspetro, lo abandonó, a pesar de que ya se le había pagado Q47.3 millones.
El tramo que construiría la firma eran los restantes 12 kilómetros, desde el desvío en la ruta Interamericana, en el kilómetro 171, hasta la aldea Chiquisis. Pero los trabajos se quedaron a medias.
Las autoridades anunciaron la terminación del contrato debido al «incumplimiento y la escasa ejecución del proyecto». Mientras tanto, los pobladores siguen padeciendo las consecuencias de no contar con una vía de comunicación ágil para transportar sus productos.
La firma ha hecho negocios con el Estado desde 2012, que le han representado poco más de Q139 millones, pero durante el gobierno de Alejandro Giammattei, obtuvo Q110.2 millones, el 80% del total.
