La Hora conoció de al menos 28 denuncias de casos de corrupción «dormidas» en las que se involucra a contratistas del Estado, algunos diputados y otros funcionarios, las cuales no han mostrado avances en el Ministerio Público (MP), dirigido por la fiscal general, Consuelo Porras.
De acuerdo a la información obtenida por este medio, entre los denunciados se encuentran constructoras, farmacéuticas, empresas de transporte, diputados y personas individuales.
LOS CASOS
Según pudo conocer La Hora, algunas imputaciones se refieren a actividades en las que ha existido movimiento de dinero, entre ellas: operaciones bancarias irregulares, una red de pagos y sobornos dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), para adjudicar obras públicas, entre otras.
También se mencionan casos como acreditamientos de notas de crédito por orden de la Tesorería Nacional a constructoras y farmacéuticas, así como transferencias millonarias entre cuentas de empresas.
En algunos casos, las denuncias hablan que se detectó el ingreso de cheques provenientes de cuentas a nombre de diferentes municipalidades que no presentaron documentos de soporte de dichas operaciones, además de actividades económicas financieras declaradas por los involucrados que no está acorde a las operaciones realizadas.
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— Diario La Hora (@lahoragt) August 6, 2024
EMPRESAS BENEFICIADAS
La investigación también detalla los beneficios que han obtenido varias farmacéuticas con la adjudicación de múltiples contratos millonarios y el monopolio en la distribución de algunos medicamentos en el país.
Dentro de los casos también se identificaron transferencias a bancos internacionales de Estados Unidos, El Salvador y Panamá.
PUEDEN COMPROMETER AL GOBIERNO PASADO
Los documentos dan cuenta del número de casos y los años en que fueron puestas las denuncias en el MP.
Cabe resaltar, que solo en el periodo del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, el cual ha sido cuestionado por múltiples actos de corrupción, fueron interpuestas 25 denuncias por diferentes casos.
FISCAL SANCIONADA
Un total de 42 países han prohibido el ingreso a la fiscal general del MP, María Consuelo Porras, y otros operadores de justicia, que se han mostrado como sus aliados para “socavar la democracia” en Guatemala.
Además de la jefa del ente investigador, también fue sancionado el secretario del MP, Ángel Pineda, su mano derecha; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, la fiscal de esa unidad, Leonor Morales y el Juez Penal, Fredy Orellana.
Consuelo Porras y otros sancionados suman 42 países a donde no pueden ingresar
ESTADOS UNIDOS FUE PRIMERO
Cabe destacar que Porras, Pineda, Curruchiche, Morales y Orellana, fueron incluidos en la lista de Actores Corruptos de Estados Unidos, conocida como Lista Engel.
Porras fue colocada en 2021 por Washington en dicha lista. Una de las acciones que motivó su sanción fue la destitución en ese año de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, y considerado como un «campeón anticorrupción».
Además, en 2022, a pocas horas que el expresidente Alejandro Giammattei la reeligiera como fiscal general por otros cuatro años, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva designación en su contra debido a su “participación en importantes actos de corrupción”. Su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue designado.
El país norteamericano ya advertía desde hacía años atrás lo que los otros 41 adoptaron en los últimos meses. “Durante su mandato, Porras repetidamente obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a los aliados políticos y obtener favores políticos», detalló Washington en esa ocasión.
Según el Departamento de Estado, «el patrón de obstrucción de Porras incluye presuntamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”, detalla el oficio emitido por el gobierno estadounidense».
GIAMMATTEI, MARTÍNEZ Y DIPUTADOS
El pasado 11 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de la República, así como algunos particulares y miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de Derecho”.
De esa cuenta, los afectados tienen prohibido el ingreso al país norteamericano. Un total de 108 excongresistas, algunos reelegidos para un período más al frente del Legislativo, fueron sancionados con esta medida luego de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes denunciaron una persecución política.
El expresidente Alejandro Giammattei fue sancionado de igual manera días después de dejar el cargo. Antes su pareja, Miguel Martínez, fue restringido con el congelamiento de sus cuentas bancarias con sede en Estados Unidos y se le prohibió el ingreso a ese país, bajo la Ley Magnistky del Departamento del Tesoro de ese país.
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¿HABRÍA EXISTIDO UNA CARTA DE RENUNCIA?
La nota de La Hora titulada como: «¿Firmó Porras una carta de renuncia antes de reelegirse? Presidencia y MP dicen que no», explicaba que Giammattei habría condicionado a la Fiscal General para su reelección.
«Según expresan diversas fuentes, la condición que Giammattei habría impuesto a Porras fue que debía elaborar una carta de renuncia, sin fecha y firmada con su puño y letra, misma que debía quedar en poder del gobernante. La intención: utilizarla en el momento que ella comenzara una investigación en su contra o Miguel Martínez, haciéndola pública y esgrimiendo que la fiscal general dejaría el cargo inmediatamente», de acuerdo con fuentes que se lo mencionaron a La Hora.
¿Firmó Porras una carta de renuncia antes de reelegirse? Presidencia y MP dicen que no
