Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, y el Secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una solicitud de retiro de antejuicio el 29 de febrero, en contra de la fiscal Consuelo Porras. Foto: Diego España/La Hora
Foto: Diego España/La Hora

El Ministerio Público (MP) a través de Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, respondió a la Procuraduría General de la Nación (PGN), sobre los casos «dormidos» que involucran a empresas, diputados y funcionarios de administraciones anteriores.

La respuesta va relacionada, luego que el Procurador General, quien el pasado 19 de julio se apersonó ante el MP para darle seguimiento a las investigaciones en pausa.

De acuerdo con el ente investigador, el 19 de julio recibieron un memorial procedente de PGN, a través del cual se solicitó una copia de las actuaciones que obran en torno a diferentes entidades, y que la institución investiga.

«Según medios de comunicación, son objeto de investigación por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos», se lee en el comunicado del MP.

MP: FUNCIÓN DE PGN

En respuesta, el MP destacó que la función de la PGN dentro del proceso penal en materia de delitos de lavado de dinero u otros activos es ejercer la representación del Estado de Guatemala en derecho de reparación digna.

«Sin embargo, las investigaciones en curso están relacionadas a este tipo penal, es el MP el único ente facultado para ejercer la investigación y la persecución penal y por disposición legal contenida en la ley especial, el único legitimado para tener acceso a las actuaciones del proceso penal en la etapa de investigación de dichos procesos», detalla el documento con relación a lo solicitado por la PGN.

De esa cuenta, el ente investigador aclaró que la PGN podrá ejercer la acción de reparación una vez dictada la sentencia condenatoria, siendo el órgano oportuno como hasta la fecha se ha venido realizando.

¿QUÉ SOLICITÓ LA PGN?

De acuerdo con el comunicado que publicó la PGN en su red social X, se trata de casos relacionados con la posible comisión del delito de lavado de dinero que involucra a farmacéuticas, constructoras, diputados y funcionarios de administraciones anteriores.

“Las acciones de la Procuraduría General de la Nación están encaminadas a defender los intereses del Estado y requerir que las actuaciones se desarrollen de forma diligente, pronta y cumplida”, subrayó la PGN, dependencia que actúa a favor de los intereses del Estado.

Al MP se le complica: la PGN se involucra en casos “dormidos” por el ente investigador

CASOS DORMIDOS

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) en el gobierno de Alejandro Giammattei firmó un contrato de Q47 millones para rehabilitar un tramo de la carretera CA-1 oriente, o ruta a El Salvador, pero los trabajos no han sido finalizados.

El proyecto es parte de los cerca de 100 que aprobó el Congreso de la República en marzo de 2022, a través del Decreto 21-2022, Ley para fortalecer el mantenimiento y construcción de infraestructura estratégica.

La Dirección General de Caminos (DGC), dependencia del CIV, firmó el contrato con la empresa Coordinadora de Logística, S. A. para la “rehabilitación” de la ruta CA-1 oriente, en el tramo que va del cruce a Pueblo Nuevo Viñas hasta Barberena, Santa Rosa, un trayecto de aproximadamente 12 kilómetros, del cual se trabajaría solo en cuatro.

Fiesta de millones sigue: los Q47 de un tramo paralizado en Barberena

LA BONANZA

Varias empresas fueron beneficiadas con contratos “jugosos” durante la administración del presidente Alejandro Giammattei y su pareja y exjefe del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez. Entre ellas están seis compañías contratadas para el proyecto del Aeropuerto de San José, Escuintla.

  • Constructora Carmor, Sociedad Anónima, monto recibido en los 4 años: Q612.8 millones.
  • Avalon, Sociedad Anónima, monto recibido durante los 4 años: Q161.2 millones.
  • Construcciones e importaciones Exicasa, monto recibido durante los 4 años: Q237.4 millones.
  • Grupo de Análisis, Diseño y Construcción, Sociedad Anónima, monto en los cuatro años: Q131.2 millones.
  • Desarrollo Integral Corporativo, Sociedad Anónima, monto en los cuatro años: Q134.2 millones.
  • Proyecciones y Construcciones a Futuro de Sur Oriente, Sociedad Anónima, monto en cuatro años: Q112.7 millones.

La Bonanza para las 6 empresas del Aeropuerto «fallido» de Escuintla y sus millonarios contratos

LA BOTICA

En junio pasado, La Hora publicó la nota: “MP duerme investigación por transacciones sospechosas de La Botica”.

En dicha nota, se menciona que el “Ministerio Público (MP) no acelera la investigación en contra de La Botica S.A. por supuestas transacciones sospechosas que detectó la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE), según información extraoficial que obtuvo La Hora”.

MP duerme investigación por transacciones sospechosas de La Botica

LOS ESTADOS DE CALAMIDAD

Luego de que la administración actual, solicitara al Congreso conocer el decreto de Estado de Calamidad Pública emitido por el Organismo Ejecutivo el pasado lunes 8 de julio, se conoció que durante la administración de Giammattei-Martínez, fueron aprobados ratificados nueve de los 11 decretos que emitió, seis por la pandemia y tres por emergencias climáticas.

En cuanto a la administración de Giammattei, en 2020 decretó el Estado de Calamidad por la pandemia del coronavirus el 5 de marzo, luego lo modificó y pidió cuatro prórrogas. Estos le permitieron ejecutar Q14 mil 591 millones en los cuatro años, según el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin).

En 2020 se gastaron Q10 mil 367 millones; en 2021, Q2 mil 152; para 2022, el gasto fue de Q1 mil 404 millones. En 2023 todavía se ejecutaron recursos dentro de este decreto gubernativo por Q666.3 millones.

Por aparte, el Congreso también ratificó estados de Calamidad por las tormentas tropicales ETA e IOTA, en 2020; así como Blas, Celia y Julia, en 2022

Giammattei-Martínez: Los Q18 mil millones y los 9 estados de Calamidad

Yesica Peña
Periodista con el deber ético de convencer al ciudadano de que necesita informarse correctamente.
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