Si tomáramos como base el pensamiento de José Martí para el ejercicio de la política y el poder, bien diríamos que estamos dispuestos a “a echar la suerte con el Pueblo” en una clara alusión a un ejercicio del poder, donde las palabras de un gobierno por el Pueblo y para el Pueblo tengan un sustento claro, definido y coherente con las aspiraciones materiales e ideológicas de este. Y es que, aunque pareciera disco rayado, pero la realidad nos obliga, vale la pena recordar que en el Ministerio Público guatemalteco sigue presente el peor lastre que detiene el avance de construir democracia en el país y sin que hasta la fecha haya sido posible sacar a la fiscal general y jefa del Ministerio Público a pesar de que ha sido y es la principal demanda de la población y a pesar de que esta persona se ha convertido en el único Consuelo que tienen las mafias, los delincuentes, los corruptos y los impunes.
Si el gobierno de Bernardo Arévalo hiciera realidad la premisa de por y para el Pueblo comprendería que la principal demanda ciudadana ha sido y sigue siendo la destitución de la fiscal general, como un nudo que entrampa cualquier otra posibilidad de avance en el país. No importa si se trata de la garantía de derechos económicos, sociales, culturales o ambientales o si se trata de derechos civiles y políticos, la fiscal general encabeza el grupo de criminales, que mantienen capturada la institucionalidad pública que no permite que siquiera se aplique política, pública o social. En ese orden de ideas, pareciera ser que se busca la forma “más políticamente correcta” para expulsar a quien en buena medida es la responsable del deterioro más grande que atraviesa el país en su historia reciente y quien mantiene un ejercicio estatal paralelo, sin importarle el Estado de Derecho, la legalidad y mucho menos la vida de las y los guatemaltecos, demostrando así que la legalidad no es un asunto necesariamente de leyes, sino del ejercicio del poder.
En este sentido, durante los últimos meses, hemos vista a una fiscal general cada vez más empoderada, salir de su ostracismo a buscar los favores de pusilánimes que se dejan encandilar por las amenazas de criminalización o de escarnio público por el ente rector de la investigación penal en el país. Tal ha sido el tamaño de la ilegalidad y rompimiento de la independencia de poderes por parte de la fiscal general que la presentación de su informe anual, lo convirtió en una plataforma política para atacar al presidente y la Organismo Ejecutivo, sin ninguna consideración al respecto. Bien decía Antonio Gramcsi que “al adversario hay que golpearlo políticamente donde sea más débil, pero también intelectualmente donde sea más fuerte”. Sabemos que su debilidad está en la ineficiencia de sus acciones, en la ilegalidad de su accionar, pero intelectualmente (si cabe el título) es muy fuerte en la comunicación y es ahí donde se ha fallado y esto no ha pasado desde el Organismo Ejecutivo hacia el único Consuelo de los Corruptos.
