Nacional e internacionalmente se reconoce que hubo intento de golpe de Estado para impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran el gobierno, el cual continúa con amenaza de antejuicio contra el presidente y vicepresidenta. Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y ahora Suiza lo han afirmado y han señalado algunos nombres de quienes estuvieron involucrados, particularmente Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y Freddy Orellana, a quienes ya les aplicaron sanciones por sus ataques a la democracia. Ahora, es de mínima lógica capturar y enjuiciar a quienes, violando leyes y la misma Constitución, hicieron desesperados, aunque vanos esfuerzos por negar la voluntad soberana de la ciudadanía, que fue expresada clara y limpiamente en las elecciones presidenciales del 25 de junio y el 20 de agosto de 2023. El primer paso de esta indispensable depuración es la inmediata separación de estos personajes de sus cargos, desde los cuales siguen gozando de poder e impunidad.
Su remoción, sin vacilación alguna, se traducirá, sin duda, en un amparo de estos golpistas ante la Corte de Constitucionalidad, aduciendo incorrectamente que el Presidente de la República no puede remover a Porras, porque una ley menor limita la potestad constitucional, claramente establecida, de remover al o la Fiscal General. Así, la CC se verá ante la disyuntiva de apoyar a Porras, poniéndose del lado de las y los golpistas o, finalmente, tomar la decisión de expulsarla, como debió haber hecho cuando ella exigió a la CC que la incluyera, por encima de la decisión de la Comisión Postuladora, en la lista a ser presentada al Presidente de la República para la selección correspondiente. En esa oportunidad, la CC dictaminó que había que ignorar una ley menor, la de la potestad de la Comisión Postuladora de incluir o no, para forzar la inclusión de la Fiscal General en ejercicio, que la chantajeaba. Si la CC la hubiese dejado fuera de la lista, el país no hubiese pasado por el desprestigio de tener una Fiscal General despreciada internacionalmente y rechazada nacionalmente.
La opción de apoyar a Consuelo Porras, puede tener la seguridad la CC de que no la respetaríamos ni aceptaríamos. No sería la primera vez que un mandato de la CC se irrespeta. Legislaturas de los períodos de Morales y Giammattei se negaron a acatar el mandato de proceder a elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia por más de tres años, sin consecuencia alguna para el Congreso y con daños terribles para el país. Sería la opinión de cinco o diez magistrados y magistradas contra el voto del sesenta por ciento de los electores que respaldaron al presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Pero no solamente el Pueblo y el Poder Ejecutivo no aceptarían el alineamiento de la CC con las mafias criminales y corruptas, sino que la población saldría nuevamente a las calles y, esta vez, sí, paralizar totalmente el país, indefinidamente, hasta que la CC entera renunciara. A grandes males, grandes remedios. Es mil veces preferible quedarnos sin la CC -que ningún bien ha producido en el país- que volver a caer en las garras de las mafias criminales, corruptas y golpistas.
