Una sucesión de hechos y circunstancias nos permiten entender hasta dónde ha llegado la captura del sistema de justicia realizada por las fuerzas más oscuras de la corrupción y el esfuerzo que realizan para mantener la certeza de impunidad que es la principal característica de la destrucción del Estado de Derecho, aunque no la única porque también permite perseguir a quienes resultan molestos. Dentro de todo ello destaca el papel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al dar trámite a una solicitud de antejuicio presentada por Sandra Torres en contra los magistrados del TSE por supuesta comisión de fraude electoral.
Las implicaciones de esa resolución son graves porque se insiste en cuestionar todo el proceso electoral que permitió a los ciudadanos dar el claro y fuerte mandato de luchar contra la corrupción, mismo que no solo cuestiona sin fundamento la UNE sino también el Ministerio Público (MP). Y por si ello no fuera suficiente tema de preocupación, hay que agregar el serio conflicto existente porque el actual Director de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del MP es quien fue Inspector General del TSE durante todo el trámite de inscripción de Semilla, cargo desde el cual no formuló denuncia alguna para investigar posibles hechos criminales.
No deja de encajar en este mismo entramado el sospechoso traslado del Juez de Extinción de Dominio Marco Villeda, quien deja esa importante judicatura para pasar a ser el titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia, lo cual le aparta de seguir conociendo varios casos en los que está pendiente de dictarse la extinción de dominio en contra de conocidos personajes de los que fueron parte de todo el amaño para controlar la justicia.
Y si algo hiciera falta está la postura del Ministerio Público que acaba de declarar que para que ellos puedan dar la menor información de la situación legal del expresidente Giammattei, incluyendo el número y clase de denuncias que puedan existir en su contra, necesita que él de permiso para que pueda hacerse de conocimiento público la posible existencia de señalamientos que puedan habérsele formulado.
Estamos a las puertas de la conformación de Salas de Apelaciones y la nueva Corte Suprema de Justicia y es obvio que hay un marcado y notable interés de mucha gente para mantener el control y sometimiento que ahora pueden ejercer, tanto para evadir responsabilidades o lograr rápidas absoluciones, como para que la justicia sirva para perseguir a los críticos del sistema.
Todo ello en medio de la tensa relación existente entre el gobierno y una Fiscal General de cuya honorabilidad dudan los más altos funcionarios y con una Corte de Constitucionalidad con magistrados, no todos, que aún se la juegan por mantener el sistema. ¿Hasta cuándo?
