Tras una solicitud hecha a La Hora, se entrevistó a Stuardo Campo, exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP), en el centro carcelario ubicado dentro de la brigada militar Mariscal Zavala.
El exfiscal habla de los impactos que tuvieron las investigaciones en contra de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Campo fue quien solicitó la entrevista a este Diario para abordar la situación que enfrenta desde mayo pasado, cuando fue capturado una primera vez. El director general, Pedro Pablo Marroquín, acudió al preventivo, ubicado en la zona 17 capitalina. «Son 10 meses en los que he sido objeto de una persecución política y judicial», fueron las primeras palabras del exfiscal.
📌Exfiscal Stuardo Campo atribuye acciones en su contra por casos que vincularían a Alejandro Giammattei
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— Diario La Hora (@lahoragt) March 9, 2024
UNA VENDETTA, DOS CAPTURAS | 1:50 – 9:50
«Una vendetta, una venganza», así calificó Campo su detención y los procesos que la Fiscalía de Asuntos Internos emprende en su contra. El exfiscal se une a la treintena de perseguidos en Guatemala por combatir la corrupción. Incluso el jueves pasado, el Gobierno de Bernardo Arévalo reveló que Giammattei desembolsaba Q460 mil mensuales para un bufete en EE. UU. con el fin de perseguir políticamente a dos exfuncionarios.
El 26 de mayo último, Campo fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del MP por una denuncia de la Fundación contra el Terrorismo (FCT), una organización de ultraderecha que ha logrado el exilio de al menos dos jueces guatemaltecos en EE. UU. y se ha querellado en casos contra ex operadores de justicia. El país norteamericano ha sancionado a su presidente, Ricardo Méndez-Ruiz, y uno de sus abogados, Raúl Falla.
«En el primer caso solicita el Ministerio Público mi captura por dos delitos: abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. Ese caso no se encuentra bajo reserva, pero el día 29 de agosto de 2023, cuando se llevó a cabo una audiencia de revisión (…) se me impuso no dar entrevistas o referirme al caso», señaló Campo.
El exfiscal anticorrupción recuperó su libertad tres meses después, en agosto de ese año, bajo una serie de medidas sustitutivas. Entre ellas, el pago de control telemático, un brazalete que se pone en el tobillo y lo rastrea las 24 horas del día. Pese a lo anterior, cuatro meses después el MP pidió una segunda orden de aprehensión y el sancionado juez Víctor Cruz la otorgó, pero que el juez Jimi Bremer conoció.
Para el 1 de diciembre, por segunda vez Campo subía esposado, ahora al nivel tres del edificio de Torre de Tribunales para escuchar su primera declaración. «Yo creo que soy la única persona en el mundo que me encuentro en prisión preventiva teniendo control telemático por medio del cual el Estado de Guatemala puede ubicarme», cuestionó la decisión del juez Bremer, de enviarlo a prisión en este segundo caso.
El exfiscal no comprende el porqué de la reserva de los casos, que impide el ingreso de la prensa a los Juzgados que dilucidan sus procesos y le restringe hablar sobre los mismos, pero no obvia que se trate de una herramienta del MP para «enseñar sus cartas».
AL FRENTE CONTRA LA CORRUPCIÓN | 9:51 – 23:59
Campo ingresó al ente investigador el 18 de julio de 2011, cuando tenía 26 años, bajo la administración de la ex fiscal general Claudia Paz y Paz. Su primer puesto fue como auxiliar fiscal I, en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, allí ascendió como agente fiscal y logró la desmantelación de varias estructuras criminales, 10 sentencias y 25 condenas de personas por el delito de secuestro.
Para los primeros meses de gestión de la exfiscal general Thelma Aldana, Campo fue trasladado a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y llevó varios casos de interés nacional. Entre ellos, el de la familia rusa Biktov; el del exdirector de presidios, Edgar Camargo y el proceso contra la exdirectora de la PNC, Marlene Blanco Lapola.
Campo le atribuye, en parte, a la FECI el ganarse «anticuerpos o animadversión» de personas que estaban en contra del trabajo que dicha Fiscalía realizaba en conjunto de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Para 2015, por designación de Aldana pasó a ser jefe de la entonces recién creada Fiscalía de Asuntos Internos, misma que ahora lo señala.
El potencial de Campo no pasó desapercibido y para 2016 fue nombrado jefe de la Fiscalía contra la Corrupción. «Para mí fue un privilegio, un gran honor. Estando yo como jefe de la fiscalía 20 casos fueron judicializados. Nuestras investigaciones fueron objetivas y fundamentadas en auditorías de la Contraloría General de Cuentas», dijo.
El exfiscal dirigió una investigación que reveló fallas en la contratación millonaria de la empresa que construyó el Libramiento de Chimaltenango por el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y que el expresidente Jimmy Morales calificó como una “megaobra”.
Sin embargo, el 16 abril de 2021 la fiscal general, María Consuelo Porras, lo trasladó a la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrante. Un día después confirmaba que existía una investigación en contra del exmandatario Morales por la expulsión de la CICIG. El caso no presentó avances.
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«¿Teníamos investigaciones contra el gobierno pasado (de Giammattei)? Sí teníamos investigaciones», respondió y recordó la portada de La Hora del 17 abril de 2021 que titulaba «Fiscalía contra la Corrupción tiene más de 10 investigaciones a funcionarios de Giammattei».
Campo no descarta que su traslado de la Fiscalía contra la Corrupción haya sido por investigar presunta corrupción en el gobierno de Giammattei. «Es probable, no tengo pruebas como respaldarlo, pero en su momento fue una consideración que yo realicé. Inicié de oficio investigaciones», declaró.
El exfiscal recordó el caso del Seguro Médico Escolar que contrató el Ministerio de Educación con el Crédito Hipotecario Nacional. «El 18 de diciembre de 2020, en un operativo de la Fiscalía logramos la captura del primo hermano del presidente Giammattei. Es una posibilidad», recalcó sobre la teoría detrás de su traslado.
De forma reciente, el Departamento de Estado de EE. UU. sancionó a Giammattei por “su involucramiento en significativos actos de corrupción” y le prohibió la entrada a ese país. Además, en diciembre pasado el Departamento de Tesoro congeló todos los activos de la pareja del exmandatario, Miguel Martínez, y también le retiró la visa americana por «incurrir en corrupción».
Campo sostiene que con la llegada de Giammattei al poder el 14 de enero de 2020 «se pudo investigar hasta cierto punto», puesto que con su traslado las pesquisas que ponían los reflectores en al menos 10 a 12 expedientes de «alta relevancia» que no presentaron avance y ahora «no se sabe nada».
Uno de los casos era la construcción de una carretera que une los municipios de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, y Palín, Escuintla. Un tramo de 11.7 kilómetros que tendría un costo de Q58 millones, pero que beneficiaría a una finca perteneciente a la familia materna de Giammattei, según una investigación de Vox Populi.
«Una persona cercana al exmandatario intentó apersonarse dentro de la investigación e hizo el requerimiento de que entregáramos copia de esa investigación a lo cual desde luego resolvimos que era improcedente», refirió sobre la preocupación de saber que diligenciaban en contra de Giammattei.
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«No hemos sentido el acompañamiento ni de la comunidad internacional ni de la sociedad civil ni de las organizaciones defensoras de derechos humanos. (…) Hemos visto enérgicos pronunciamientos de diferentes sectores de la comunidad internacional, pero no lo hemos recibido en este caso», indicó tras ser cuestionado sobre el acompañamiento que ha recibido.
Sin embargo, Campo agradeció la presencia del Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en algunas de las audiencias. «Hemos sido víctimas de un sistema de justicia voraz, arbitrario, que ha violentado nuestros derechos y garantías procesales», sostuvo.
En los últimos años, varios fiscales, jueces y abogados que conocieron casos de corrupción e impunidad se encuentran en el exilio ante la persecución del ente investigador que dirige Porras. La fiscal general suma la sanciones de 29 países del mundo que le prohíben el ingreso al considerarla un personaje «Corrupto y Antidemocrático».
Campo indicó que conoció al esposo de Porras, Gilberto de Jesús Porres, y fue él quien lo instó para que aplicara a la vacante como fiscal en la Fiscalía contra la Corrupción y luego de llenar los requisitos al cargo Aldana lo nombró en el puesto.
«Mi relación con ella (Porras) fue respetuosa. Yo la conocí en el velorio del padre del esposo de la ahora fiscal general en 2017. Esa es la única relación y no significa que hayamos sido amigos. Ella no era aún la fiscal general», respondió sobre las interrogantes de una posible amistad con Porras.
Cuando en mayo fue detenido por primera vez, Campo llegó a Torre de Tribunales y dijo a la prensa que Porras un día antes le aseguró “que ella jamás procedería de forma arbitraria, que ella sería objetiva” ante la disposición del exfiscal de solventar el caso que ya se avizoraba en su contra. Sin embargo, horas más tarde fue capturado.
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