Un enfrentamiento entre grupos criminales dejó al menos 12 muertos en el estado mexicano de Guerrero (sur), que vive una escalada de violencia ante la ofensiva de una banda del narcotráfico por copar territorios, informaron este miércoles las autoridades.
«Se presume, falta tener toda la información, que fue un enfrentamiento entre bandas de la delincuencia. Hasta ahora comprobados doce muertos», aseguró el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador durante su habitual rueda de prensa diaria.
Un reporte inicial de la Fiscalía de Guerrero dio cuenta del hallazgo de cinco cuerpos calcinados en la zona.
Las balaceras se desencadenaron el pasado lunes en Las Tunas, un paraje del municipio de San Miguel Totolapan, donde en octubre de 2022 el ataque de un grupo criminal contra el palacio municipal dejó una veintena de muertos, incluido el alcalde Conrado Mendoza.
Se trata de una localidad enclavada en la sierra y de difícil acceso.
Medios locales difundieron en redes sociales videos grabados presuntamente por los propios criminales, en los que se observan varios cadáveres de hombres jóvenes vestidos de camuflados y se escuchan disparos.
Según la prensa, el enfrentamiento involucró a pistoleros de Los Tlacos y La Familia Michoacana, cuyas disputas han dejado numerosos muertos en la región.
López Obrador, enfrentado a críticas por una supuesta pasividad frente a los cárteles, añadió que hay un operativo de fuerzas federales en el lugar y que posteriormente se dará a conocer más información.
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«INVASIÓN» CRIMINAL
En Guerrero, un estado empobrecido y azotado históricamente por la violencia, conviven varias organizaciones criminales.
Se disputan rutas para el tráfico de drogas hacia la costa del Pacífico, el narcomenudeo, el secuestro, la extorsión a comerciantes, el robo a transportistas y la instalación de narcolaboratorios en las zonas serranas.
También operan grupos de autodefensa, milicias civiles que se armaron para defenderse de los delincuentes, pero que según las autoridades han terminado involucradas en actividades ilícitas.
Para el analista David Saucedo, la más reciente escalada de violencia en la región obedece a un intento de La Familia Michoacana -que ha operado durante años en el vecino estado de Michoacán- de incursionar en zonas de Guerrero.
«Estamos viendo una invasión de La Familia Michoacana y una resistencia de los grupos locales de narcotráfico», comentó Saucedo a la AFP. «Lo que está buscando es ampliar su base territorial», añadió.
Estas disputas han llevado a que el estado sumara 1.890 asesinatos en 2023, así como a la parálisis de los servicios de transporte en Chilpancingo y el turístico poblado de Taxco -famoso por su comercio de plata- a inicios de este año.
El conflicto arrecia, además, a poco más de tres meses de las elecciones presidenciales, legislativas y regionales del 2 de junio.
Las bandas criminales «también empiezan a participar en los procesos electorales imponiendo, amedrentando candidatos o movilizando su red de apoyo a favor de un aspirante», apuntó Saucedo.
EN BUSCA DE TREGUA
Frente a esta situación, sacerdotes y obispos de Guerrero llamaron a los grupos a negociar para frenar la violencia, como han hecho en otras ocasiones.
La iniciativa fue respaldada la semana pasada por el presidente mexicano, quien pese a ello señaló que «la responsabilidad de garantizar la paz y la tranquilidad es del Estado».
Bajo el eslogan de «abrazos, no balazos», López Obrador defiende un enfoque que busca reducir la pobreza y otras causas estructurales de la violencia, mientras apuesta por la militarizada Guardia Nacional para pacificar el país.
Esta política le ha costado fuertes críticas de opositores en México e incluso en Estados Unidos, que denuncian una supuesta inacción de su gobierno contra los cárteles del narcotráfico.
México registra más de 420.000 asesinatos y decenas de miles de desaparecidos desde finales de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó una ofensiva antidrogas con participación militar.
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