Ocho personas, entre ellas estudiantes, sindicalistas y una profesora de la Universidad San Carlos de Guatemala (Usac), comparecieron este 6 de febrero ante el juez Décimo Penal A, Víctor Cruz, para rendir su primera declaración en un caso que los señala de presuntamente tomar las instalaciones de dicha casa de estudios en forma de rechazo ante anomalías en las elecciones a rector de la Usac, que posicionaron a Walter Mazariegos como máxima autoridad.
En diciembre pasado, el juez Cruz revocó la orden de captura contra ocho personas señaladas por cuatro presuntos delitos y accedió a citarlos para presentarse a rendir su primera declaración este día. En este caso son 31 los vinculados y por el que el presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera enfrentan un proceso de retiro de inmunidad.
El caso fue tachado de ser un plan del Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, contra el binomio presidencial para impedir que tomaran posesión el pasado 14 de enero. Sin embargo, la solicitud de retiro de antejuicio se suma a un portafolio de denuncias contra Arévalo que el ente investigador echó a andar en su contra.
INICIA PRIMERA DECLARACIÓN
El juez Cruz inició con la primera declaración y pasó lista de asistencia de las partes procesales. De esa cuenta, individualizó a los ocho señalados y les hizo una serie de preguntas, entre estas: nombre completo, edad, dirección, nombres de padre y madre, número de teléfono, ocupación y salario que devengan.
Todos son señalados por los presuntos delitos de usurpación en forma agravada, depredación del patrimonio cultural en forma agravada, asociación ilícita y sedición. Se trata de:
- Cindy Gabriela Dávila Morales, secretaria ejecutiva de la asociación Gente Positiva, excandidata a diputada por el partido VOS y hermana del exdiputado Aldo Dávila.
- Hada Marieta Alvarado Beteta, química farmacéutica, presidenta del Colegio de Farmacia y decana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias de la Usac.
- Amílcar Enrique Bremer Ramírez, hermano del juez Jimi Bremer y trabajador del sindicato de la Usac.
- Kevin Alexander Junior Carrera Vielman.
- Juan José García Marroquín, trabajador del sindicato de la Usac.
- Miguel Ángel Vásquez Rodríguez, trabajador del sindicato de la Usac.
- Pablo Roulet Pellecer, estudiante de la Usac.
- Andrea Nicole Prera De León, estudiante de la Usac.
Hermano de juez Bremer es vinculado a caso Toma Usac; juez Cruz ordenó su captura
El juzgador también verificó la comparecencia de los abogados defensores y el MP, en este caso es la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio quien lleva el caso a cargo del fiscal Saúl Sánchez. Asimismo, representantes de la Usac se hicieron presentes como querellantes adhesivos.
De esa cuenta, Cruz procedió a suspender la diligencia y refirió que la primera declaración se llevará a cabo durante los próximos días. La siguiente audiencia fue programada para el 8 de febrero a las 13:00 horas. «Recordemos que la vez pasada finalizamos a las tres de la mañana», recordó sobre el primer grupo que ya fue escuchado.
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CASO TOMA USAC
Durante más de un año, varias personas cerraron las instalaciones de la única universidad pública del país, como medida de rechazo a la elección de Walter Mazariegos como Rector de dicha casa de estudios superiores. La Fiscalía de Delitos Contra el Patrimonio Cultural de la Nación del Ministerio Público (MP) considera que esos hechos son ilegales, por lo cual desarrolla una investigación.
Como parte de las diligencias del caso, el órgano encargado de la persecución penal pidió que se retire el derecho de antejuicio a Arévalo y Karin Herrera y otros seis diputados.
Por el caso Toma de la Usac: Botín político, fueron capturadas y ligadas a proceso seis personas, entre ellas Marcela Blanco, integrante del partido Movimiento Semilla. El juez Cruz les otorgó libertad, pero el MP solicitó a una Sala de Apelaciones la revocatoria de la medida sustitutiva.
Según la resolución pasada de Cruz, consideró la posibilidad de que los procesados hubiesen cometido los delitos de usurpación en forma agravada, depredación del patrimonio cultural en forma agravada, por lo cual la fiscalía tendrá que establecer tal extremo. En tanto, descartó los cargos por asociación ilícita y sedición.
En total, el juzgador giró 31 autorizaciones de allanamiento a igual número de inmuebles, con el objetivo de ejecutar 27 órdenes de aprehensión.
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