Por primera vez, debe existir una política de migración que reconozca: el fenómeno, basado en la oferta de recurso humano de países subdesarrollados y la demanda de trabajadores en los países en desarrollo; el derecho humano a migrar; el respeto de los derechos de trabajadores migrantes, que México logró que fuese norma en las Naciones Unidas; la esencial contribución de las y los migrantes guatemaltecos a la economía nacional -en 2023 aportamos más de 19,800 millones de dólares en remesas y, en el siglo XXI hemos trasladado a Guatemala no menos de 230,000 millones de dólares- sin que el Estado haya respondido a las necesidades en forma efectiva; y el desarrollo como única barrera para disminuir el flujo migratorio, así como conservar a nuestra juventud e impulsarla.
En el extranjero estamos dispuestos a aportar nuestra experiencia, conocimientos y relaciones a la formulación y aplicación de esa política migratoria. No por intereses de grupo o personales, que podrían o no ser válidos, sino que en favor del Estado guatemalteco, y su gobierno actual, y de migrantes, sus familias y sus comunidades, dentro y fuera de Guatemala. La formulación requiere el diagnóstico de la situación, tanto de la marginación de amplios sectores de la población en el país como de los procesos migratorios hacia el norte. Hay organizaciones y expertos que han estudiado el fenómeno y pueden ayudar al mejor diagnóstico posible. Con igual rigor, deben revisarse los instrumentos del Estado para atender la migración guatemalteca. El Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala -Conamigua- fue un fracaso completo, sirviendo a intereses espurios y participando en la corrupción del Estado. No tiene rescate, al estar presentes actores de la politiquería nacional. Debe cerrarse de inmediato y sus funciones deben ser trasladadas al Minex, al igual que sus recursos. Se ha sugerido un viceministerio específico o una especie de “zar de la migración”, con capacidad ejecutiva. El Minex debe, también, evaluar, aceleradamente, sus misiones en el exterior. Embajadas y consulados deben ser depurados de corrupción e incapacidad y, si bien el servicio diplomático debe ser valorado y promovido, no puede ser escudo de la deshonestidad.
Analizaré pronto otros dos aspectos sustanciales que están vinculados al fenómeno migratorio. El primero es la redefinición de las relaciones del Estado guatemalteco con Estados Unidos y Canadá, como países de destino de nuestra migración; con México, como país clave de paso de la misma; y con los países centroamericanos que producen la migración del sur hacia el norte que pasa por Guatemala. El segundo es el vínculo entre migración y desarrollo. La migración latinoamericana actual es un proceso urgente de supervivencia, porque por diversas razones los países no han logrado el nivel de desarrollo que permita que su creciente población tenga futuro en casa. La inversión en desarrollo –incluida la utilización de remesas en proyectos de desarrollo tripartito entre gobierno, solidaridad internacional y migrantes- es la única fórmula para desacelerar los constantes flujos migratorios (continuará).
