Ante la numerosa demanda social y popular, exigiendo su renuncia y la de su equipo, cualquier otra persona que desempeña un cargo público y de vital importancia para la democracia, con un poco de honradez y con dos dedos de frente ya hubiera puesto a disposición su cargo; sin embargo, pedirle esa decencia a un grupo de personas deleznables que han dado muestras sobradas de su criminalidad, es como arar en el mar.
Desde el inicio de su gestión hemos podido observar cómo llevó a cabo un proceso para hacer retroceder los importantes avances que el Ministerio Público había logrado ir consolidando. Prácticamente Consuelo Porras y su equipo de secretarios y fiscales cercanos, como Ángel Pineda, Cinthya Monterroso, Rafael Curruchiche y Leonor Orellana han provocado un enorme daño a la institucionalidad del Ministerio Público, han socavado la confianza de la población en interponer denuncias y han logrado convertir esta importante institución, pilar de la democracia, en un brazo judicial de persecución política contra todas aquellas personas que se oponen a los intereses de la corrupción, la violencia y la impunidad.
Su designación como fiscal general y jefa del MP por parte del expresidente Jimmy Morales, dio paso a ir colocando un manto de impunidad sobre todos aquellos casos que lograron identificar y desarticular a estructuras criminales enquistadas en las instituciones del Estado guatemalteco. Hoy es un hecho público y notorio que todos aquellos casos de alto impacto que demostraban la corrupción de actores políticos, empresariales, militares y del crimen organizado, la fiscalía dirigida por ella, les ha impuesto un gran manto de impunidad. Muchos de los actores vinculados a la corrupción hoy gozan impunemente de libertad o simple y sencillamente, las investigaciones han sido cerradas para beneficiarles.
Sobran ejemplos sobre los casos en donde el Ministerio Público ha beneficiado a la corrupción e impunidad. Los beneficiados de este actuar son muchos, pero podríamos mencionar las investigaciones por casos de corrupción durante el gobierno de Jimmy Morales, como el caso de la construcción del libramiento de Chimaltenango, la corrupción en el Ministerio de Comunicaciones y los casos en donde el expresidente y su familia están involucrados. Así mismo, las actuaciones en casos como La Línea, Cooptación del Estado, Odebrecht y otros que han beneficiado a muchos actores. De igual manera, Consuelo Porras y su equipo ha beneficiado con sus acciones al expresidente Giammattei, a su pareja Miguel Martínez y a varios funcionarios del anterior gobierno que participaron en el saqueo de los recursos públicos. Es un hecho, que la fiscal general ha hecho caso omiso de las investigaciones por los más de 800 millones de quetzales del contrato para adquirir vacunas contra el Covid-19.
Mientras todo esto ocurría su accionar se dirigió a realizar persecución espuria contra aquellos que nos oponíamos a la restitución de un régimen dictatorial, corrupto y violento. Mientras ella y su equipo sigan en el Ministerio Público, no van a existir posibilidades de construcción democrática y que la primavera por fin llegue.
