Las maniobras del Ministerio Público (MP), que dirige María Consuelo Porras, previo a solicitar la orden de aprehensión en contra de cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) pone en duda las intenciones de la Fiscalía de Delitos Administrativos tras una serie de acciones y recursos legales interpuestos.
El 11 de enero, luego de un mes desde que la antigua legislatura del Congreso de la República retirara la inmunidad a los funcionarios del órgano electoral, un juez penal que no tenía a cargo la carpeta judicial contra los magistrados fue quien giró las cuatro órdenes de captura y ahora la Fiscalía busca apartar a la jueza a quien por sorteo le fue asignado el expediente.
DOS JUECES PARA UNA MISMA CARPETA
Irma Palencia, quien presidió el TSE durante las elecciones generales 2023, es señalada por el MP de supuestamente incurrir en los delitos de abuso de autoridad y fraude. Mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas en fraude, todos por la supuesta sobrevaloración en la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
La persecución penal contra los magistrados inició el 27 de septiembre, tras un mes desde que el ahora presidente Bernardo Arévalo fuera electo por la ciudadanía en los comicios y en medio de la ofensiva de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de señalar un supuesto fraude y lo que se convertiría, según organismos internacionales, en un intento de Golpe de Estado orquestado por Porras para impedir la investidura de Arévalo.
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Fueron 108 diputados que, el 30 de noviembre de 2023, apresuraron la votación y desaforaron a los togados. Con eso el MP echó a andar la maquinaria y judicializó el proceso, el caso cayó por sorteo en el Juzgado Duodécimo Penal que dirige Wendy Coloma, una juzgadora incómoda para la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y personajes sancionados por Estados Unidos en la Lista Engel por «corrupción y actos antidemocráticos».
De esa cuenta, la jueza Coloma quedó bajo el control total del caso. No obstante, la Fiscalía de Delitos Administrativos recurrió con un juez Penal de Turno para solicitar una orden de aprehensión en contra de los cuatro magistrados y este accedió. Para el 11 de enero los titulares de los medios de comunicación lo confirmaban con pocos detalles sobre la información, puesto que el MP se limitaba a detallar sobre las diligencias.
Esa misma mañana el MP ejecutó otra orden de detención, pero contra el exministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, por no reprimir a los manifestantes para acabar con las protestas que exigían la renuncia de la jefa del ente investigador. La Fiscalía usó la misma maniobra, pese a que Coloma también tenía a cargo ese caso, el MP acudió con una jueza de Diligencias Urgentes, quien se prestó a firmar la solicitud de captura.
📌 Consuelo Porras acudió a Casa Presidencial con Giammattei sin acuerdo de Gabinete específico.
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 30, 2024
BUSCAN APARTARLA DEL PROCESO
Seis días después de girar la orden de aprehensión, el MP por medio de la fiscal Marylin Solange Castillo Castillo presentó una recusación, un recurso legal que busca que una Sala de Apelación decida en este caso si la jueza Coloma debe seguir conociendo el proceso penal.
La fiscal presentó la recusación e invocó el artículo 123 de la Ley del Organismo Judicial, argumentando lo siguiente: “Se ha podido establecer que usted ya ha externado opinión y además es notorio el interés en el asunto, siendo estas causales de recusación”.
Sin embargo, la jueza Coloma no dio crédito a lo que el MP le endilgó y rechazó la recusación. «No se acredita por parte de la recusante: la amistad, el interés ni que se haya externado opinión dentro de la presente causa, por lo que esta juzgadora únicamente cumplió con la función que determina la ley como juez contralor, actuando con efectiva imparcialidad, apego a la ley y en ningún momento ha externado opinión hacia ninguna de las partes, ni ha demostrado tener alguna clase de amistad con los sujetos procesales o interés en la presente carpeta judicial», sostuvo.
De esa cuenta, elevó la carpeta judicial a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal para que resuelva si debe continuar a cargo del proceso contra los magistrados. Coloma fue la jueza que recién falló a favor del exministro Barrientos, puesto que lo dejó en libertad tras no hallar indicios para abrir una investigación en su contra una «débil» imputación de los delitos por parte del ente persecutor.
PROCESO
Los magistrados del TSE Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Mynor Franco y Gabriel Aguilera salieron del país luego de que el Congreso les quitara la inmunidad a solicitud del MP, quien los señala de haber incurrido en ilegalidades en la compra de un sistema informático utilizado en las elecciones pasadas.
Actualmente, los cuatro funcionarios están de vacaciones y supuestamente regresarían a labores en febrero. El TREP tuvo un costo de Q148 millones, y la Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó una denuncia ante el MP.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) derivado de una serie de amenazas en contra de la magistrada Palencia otorgó medidas cautelares, según la togada recurrió a buscar una protección internacional ante la falta de garantías en el sistema de justicia guatemalteco.
