Luego que el Tribunal Octavo de Sentencia Penal otorgara la libertad a la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Virginia Laparra, por orden de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el equipo legal de la exfuncionaria emitió un comunicado en el cual aseguró que «nunca debió ser encarcelada, no es delito denunciar».
Laparra fue detenida el 22 de febrero del 2022 por una denuncia que presentó el entonces juez de Mayor Riesgo en el departamento de Quetzaltenango, Lesther Castellanos, y el caso fue tildado de inmediato como una persecución política que contaba con el apoyo de la maquinaria del Ministerio Público (MP), dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras. Aunado, se discute un segundo expediente en su contra.
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680 DÍAS DETENIDA
«Mi libertad es un pequeño paso hacia la reconstrucción del sistema de justicia. Nunca debí ser encarcelada: no es delito denunciar y tampoco lo es que haya cumplido con mi trabajo como fiscal con diligencia», se lee en el comunicado que firmó Laparra y que su equipo legal divulgó.
Durante el juicio, Castellanos señaló que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, al considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
«Los 680 días en que estuve detenida fueron un abuso, que tuvo el único objetivo de doblegar mi voluntad. Pero no consiguieron romperme: El Ministerio Público utilizó mi detención como castigo, como demostré ante los ojos del público y de instancias internacionales», refirió la exfuncionaria.
La ex fiscal anticorrupción sostuvo que no aceptó los cargos «porque me rehuso a aceptar una mentira y porque —tanto ahora como cuando ejercí mi cargo— mi dignidad no tiene precio».
«Como debió ser desde un inicio, seguiré defendiéndome y buscando justicia, pero en libertad. Alcanzo así a ver luz luego de una larga oscuridad, que resistí por mi convicción de haber actuado en apego a mis principios y por el apoyo y solidaridad que recibí desde tantos lugares del país y del mundo», agregó.
Laparra refirió que el «apoyo y atención de mis abogadas, la sociedad civil, la prensa, organizaciones internacionales y personas individuales —que agradezco enormemente— son la clave para que el país que soñamos se haga realidad algún día».
LIBERTAD
La jueza Oly González, de dicho Tribunal, concedió la libertad a Laparra y fijó las siguientes medidas: arresto domiciliario en la ciudad de Quetzaltenango, lugar donde residía. Además, debe presentarse al MP cada 15 días y tiene prohibido salir del país.
En junio de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que su detención era arbitraria, según el derecho internacional, y exigió su liberación inmediata. Sin embargo, el Estado de Guatemala no se pronunció sobre ese extremo. De igual forma, Amnistía Internacional (AI) la declaró presa de conciencia.
De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. La sentencia fue señalada de forma nacional e internacional como un debate «sin fundamento legal» y generó rechazo al sistema de justicia guatemalteco.
En enero de 2022, cuando se realizaba una audiencia de la revisión de la medida sustitutiva, Laparra fue vinculada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, este expediente se tramita en el referido departamento donde laboró como fiscal.
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