Un amparo promovido por la Alcaldía indígena de Sololá, representantes de la Fundación Pro-Bienestar de Minusválidos (Fundabiem), sector de mujeres y de campesinos tiene en suspenso de manera temporal el decreto 18-2023 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2024.
El plan de gastos del 2024 fue aprobado en la última sesión ordinaria del Congreso el 30 de noviembre. Luego contó con el aval de mandatario el viernes pasado, pese a las críticas expresadas por especialistas, empresarios y movimientos sociales, el presidente Giammattei le dio luz verde haciendo oídos sordos a sectores que denunciaban irregularidades e ilegalidades en el decreto.
En conferencia de prensa las autoridades indígenas de Sololá señalaron este martes 19 de diciembre que la suspensión provisional del presupuesto 2024 frena los intentos del pacto de corruptos por tener un presupuesto a su medida.
Además, las instituciones que presentaron el amparo en conferencia de prensa mencionaron que el presupuesto 2024 fue aprobado por un Congreso dominado por el pacto de corruptos a altas horas de la noche, a espaldas de la ciudadanía, pasando encima de la ley y con dos intenciones fundamentales: seguir desviando fondos para enriquecer a los corruptos y extorsionar y limitar al nuevo presidente los recursos para cumplir con su plan de gobierno.
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EXIGEN AMPARO DEFINITIVO
En el comunicado las autoridades ancestrales y las organizaciones sociales que promovieron el amparo piden a la Corte de Constitucionalidad otorgue el amparo definitivo y suspenda el presupuesto 2024 aprobado para beneficiar a los corruptos y extorsionar al gobierno entrante.
CONGRESO DOMINADO POR EL PACTO DE CORRUPTOS
Para las organizaciones, la suspensión provisional del presupuesto pone un freno a quienes “pretenden seguir adueñándose de los impuestos” de la población guatemalteca, ya que destinaban más Q5 mil millones para ONGs, instituciones educativas y de beneficencia que pertenecen o tienen vínculos con diputados allegados al Gobierno.
“Este presupuesto también ordenaba que se continuaran pagando obras de infraestructura sobrevaluadas y que se han utilizado para la corrupción y obligaba a que únicamente se pudieran contratar espacios en medios de comunicación que se aliaron al pacto de corruptos”, mencionó en la lectura de un comunicado Angelina Aspuac, representante del Movimiento Nacional de Tejedoras.
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Por su parte Édgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, a quién amparó la CC mencionó que el presupuesto 2024 amenaza derechos humanos como el derecho a la salud, a la educación, alimentación y el desarrollo integral.
“El presupuesto 2024 no solamente afecta al gobierno entrante sino a la población en general, al restarle recursos al ministerio de salud, tal y como el Congreso del 2020 lo hizo al quitar recursos para combatir la Pandemia del COVID-19”, concluyeron las autoridades y los sectores sociales.
