Esta semana se suspendió por cuarta vez la audiencia de primera declaración de la abogada Claudia González, exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sin resolver su situación jurídica por un caso que la Fiscalía de Asuntos Internos señala en su contra. Una Sala de Apelaciones dio 48 horas al juez décimo penal, Jimi Bremer, para que concluya la diligencia; y este la fijó para el viernes 22 de septiembre a las 14 horas.
La resolución se dio ante un recurso de exhibición personal que se presentó en favor de González. La Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal rechazó la solicitud, pero dictó el referido plazo al juzgador para que dé a conocer si la profesional del derecho será procesada de manera penal o no, y así evitar más retrasos en la diligencia.
La exmandataria de la CICIG fue detenida el pasado 28 de agosto, y ese día se suspendió la audicia indagatoria porque la FECI no se presentó al Juzgado Décimo Penal B. Desde ese entonces, la profesional permanece en «prisión provisional«, somo lo indicó Bremer.
Blanca Stalling, magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), denunció a González, así como a Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y a Siomara Sosa, exintegrante de la referida fiscalía.
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RESOLUCIÓN
La resolución de la Sala Cuarta explica que, según el artículo 82 de la Ley de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, «quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aún cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto«.
También dice que: «en la diligencia que fije al efecto, en caso de la incomparecencia del representante del Ministerio Público, se llame a un fiscal o auxiliar fiscal de planta o de turno y ante la incomparecencia de cualquiera de los otros sujetos procesales, se oficie al Instituto de la Defensa Pública Penal, para la asignación de abogado para representar los intereses de quien no comparezca por cualquier circunstancia«.
Esto, según la judicatura superior, en atención al principio de celeridad procesal. La Sala también apercibió al juez por el incumplimiento de lo ordenado.
SUSPENSIONES
La última suspensión de la audiencia ocurrió el martes 19 de septiembre último. Para esa fecha estaba previsto que el juez resolviera si González debía enfrentar la justicia o no; sin embargo, una excusa médica de la representante de Stalling impidió el desarrollo de la diligencia.
Ese día, Bremer reprogramó la audiencia para el próximo miércoles 27 de septiembre. Tras ser notificado, el juzgador adelantó la audiencia para este viernes 22 de septiembre.
La abogada González aseguró a este diario que detrás de las suspensiones hay un «retardo malicioso» para mantenerla en prisión. Su hija, María José Contreras, también manifestó ese extremo a periodistas.
La Fiscalía de Asuntos Internos del MP, el día que fue detenida, no se presentó a la audiencia y de esa cuenta quedó suspendida. En las dos ocasiones posteriores, el juez Bremer decidió suspender la diligencia debido a la prolongación extensa de la misma.
Según el artículo 9 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dicha diligencia debe celebrarse en un plazo no mayor de 24 horas, pero González suma más de tres semanas sin que se concluya esta fase.
EL CASO
El juez Carlos Ruano denunció a la Stalling por citarlo en su despacho y supuestamente solicitarle que le otorgara arresto domiciliario a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, vinculado a un caso de corrupción que conocería el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, el cual integraba como suplente.
La FECI y la CICIG efectuaron la investigación en contra de la magistrada. González representó a dicha Comisión en el caso, razón por la cual se justificó su vinculación al caso. Se le señala por el delito de abuso de autoridad.
En 2022 a Stalling le fue cerrado el proceso penal que se seguía en su contra, y se ordenó su reintegración a la CSJ. Ahora busca que se persiga penalmente a quienes la investigaron. El gobierno de Estados Unidos la sancionó por supuestos vínculos con hechos de corrupción en Guatemala.
