La Corte de Constitucionalidad (CC) remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el jueves 14 de septiembre, un amparo presentado por el Movimiento Semilla, con el cual buscaba que dejara sin efecto la resolución del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, con la cual la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) realizó varios allanamientos en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En esta línea, la alta Corte decidió dar trámite al amparo presentado en contra de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, el jefe de la FECI, Rafael Curruchichie y el Juez Orellana, y remitió la acción, ya que afirma que es competencia de la CSJ conocer la queja.
“Por razón de competencia se remitió copia certificada del escrito inicial de la solicitud del amparo a la Corte Suprema de Justicia, constituida en Tribunal de Amparo, para que continúe con el trámite correspondiente”, explicó la máxima Corte.
Al igual que con el amparo de Semilla, el Tribunal Constitucional decidió que no era competente para entrar a conocer un amparo presentado por el TSE en la misma línea que la acción de la agrupación política, y remitió el recurso hacia la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal.
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LA ACCIÓN DE SEMILLA
El pasado 13 de septiembre, el partido Semilla presentó una acción ante la CC, con el fin de suspender la orden del Juez Orellana sobre los allanamientos en el COPE, ubicado en el Parque de la Industria, en donde el TSE resguardaba las cajas electorales de los votos de las Elecciones Generales y la segunda vuelta electoral por la Presidencia.
Según explicó el diputado al Parlamento Centroamericano y abogado de Semilla, Juan Gerardo Guerrero Garnica, el Juez Orellana no cuenta con la facultad de realizar este tipo de ordenamientos.
“En ese sentido, la FECI nuevamente, en colusión con el Juez Fredy Orellana, está realizando actos que ponen en peligro la democracia del Estado de Guatemala, ponen en peligro el Estado de Derecho y ponen en peligro la pureza del proceso electoral”, sostuvo.
Guerrero Garnica también señaló que el amparo indica que se violó y vulneró la pureza del proceso, así como la decisión de los guatemaltecos en los comicios, e inclusive la secretividad del voto.
Semilla le pide en amparo a la CC frenar allanamientos y apertura de cajas electorales
“Pone en peligro también la decisión de las y los ciudadanos que tomaron una decisión el 25 de junio, porque ahorita las cajas que han abierto son las del 25 de junio, y si la CC no juega un rol importante para evitar que esto continúe, van a venir las demás cajas incluyendo las del 20 de agosto”, recalcó.
CC: NO SOMOS COMPETENTES; SÍ FUERON CON PORRAS
De la misma forma, la CC remitió a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal un amparo presentado por el TSE en contra de la decisión del Juez Orellana, ya que aseguran que no son competentes para conocer, en contraste, esta misma Corte otorgó un amparo con el cual favoreció a María Consuelo Porras, para que la Comisión de Postulación al cargo de Fiscal General la incluyera entre la lista de seis candidatos al cargo, y luego remitió el amparo hacia un juez.
Dicha acción fue consignada por La Hora en la nota, “CC: No somos competentes para el TSE; sí fueron para Porras”, en la que también se menciona que la decisión fue tomada por el presidente de la CC, Héctor Hugo Pérez Aguilera, los magistrados titulares Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, así como los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales y Walter Jiménez Texaj.
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LOS ALLANAMIENTOS
En seguimiento a una denuncia de un “ciudadano”, la FECI realizó una serie de allanamientos el pasado 12 y 13 de septiembre en el COPE, en donde el TSE resguardaba las cajas con los votos de las Elecciones Generales y la segunda vuelta electoral por la Presidencia.
Durante los operativos, la Fiscalía decidió abrir las cajas electorales y realizar un conteo de votos, ya que sostiene que la denuncia buscaba que se investigara cuántos votos obtuvo cada partido político, puesto que el Estado guatemalteco otorga US$2 a cada organización política.
