La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) emitió un comunicado este jueves 14 de septiembre, en el cual se rechazaron las acciones efectuadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral 2023, sobre las cuales se dijo que «irrespetan la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho».
En la nota se argumentó que ninguna ley ordinaria está por en cima de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) ni del Tribunal Supremo Electoral (TSE). A su vez, la referida organización periodística envió un mensaje a la Corte de Constitucionalidad (CC) señalando que debe «hacer valer la Carta Magna» y exige que se deduzcan responsabilidades a los funcionarios del MP y al juez séptimo penal A, Fredy Orellana.
La APG expresó su preocupación por los eventos del pasado martes 12 de septiembre, en los cuales la FECI allanó las instalaciones del Registro Civil (RC) y las bodegas del TSE ubicadas en el Parque de la Industria, en la zona 9 capitalina, declarando que estas actividades «representan un delito y una violación a la LEPP y a la propia Constitución Política de la República de Guatemala».
Se reiteró que, según la Junta Directiva de la APG y la Comisión de Libertad de Expresión, que estas «acciones ilegales» dirigidas por el MP y el juez Orellana vulneran el proceso electoral, el cual ha sido reconocido por sectores nacionales y comisiones internacionales por su transparencia y amplia participación ciudadana.
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Indicó que, a raíz de la oficialización de resultados y la entrega de credenciales a los ganadores, no procede ninguna acción que busque «poner en duda o socavar la credibilidad del proceso electoral». Enfatizó en el hecho de que ninguna ley ordinaria o penal está por encima de la LEPP ni del TSE.
Posteriormente, se demandó a la CC poner fin a estas acciones y proceder conforme a la ley, solicitando la inmediata destitución de las autoridades del MP, esto por «violar el orden constitucionaly atentar contra el Estado de Derecho», destacando que el mandato del MP es en realidad «velar por su estricto cumplimiento y respeto» de las leyes.
Así mismo, hizo un llamado a las distintas organizaciones políticas que participaron en las elecciones, al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), a las universidades, al sector privado y a otras instancias, a «pronunciarse y defender la democracia».
Finalmente, la APG instó a la sociedad guatemalteca a estar atenta a cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia democrática en el país. También los citó a «hacer valer su derecho de manifestación, expresión y resistencia pacífica», esto para rechazar dichas acciones, las cuales afirman están «reñidas con la construcción de una sociedad respetuosa de las leyes».
** Con información de David Medina
