La Corte de Constitucionalidad (CC) dio a conocer este miércoles 13 de septiembre que remitió a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal el amparo presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en contra de la decisión del titular del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, sobre los allanamientos de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el Parque de la Industria y el Registro de Ciudadanos en donde se abrieron las cajas que resguardaban los votos de los comicios.
Pese a que en esta decisión la alta Corte aseguró que no era competente para tomar una decisión, durante la elección de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), el Tribunal Constitucional decidió otorgar un amparo, el cual dio vía libre a la Comisión de Postulación para que Consuelo Porras fuese incluida en la nómina de seis candidatos al cargo y luego mandó a un juez quien era competente para conocer.
En este caso, se abstuvo de conocer en prevención como lo hizo en el caso de Porras.
CC: NO SOMOS COMPETENTES
Por medio de un comunicado, la alta Corte detalló que el amparo fue admitido para su trámite, pero que por razón de competencia fue remitido a la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del departamento de Guatemala.
En la resolución, la máxima Corte también indicó que al momento de recibir el escrito la Sala debe verificar si cumple con los requisitos formales establecidos en el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, y el 10 del Acuerdo 1-2023 de la CC y en caso haya incumplimiento deberá proceder de conformidad con el artículo 22 de dicha normativa.
Al mismo tiempo, deberá calificar el cumplimiento de, “los presupuestos procesales que posibilitan la prosecución del trámite de la garantía constitucional instada, caso contrario, deberá proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Acuerdo 1-2023 de esta Corte”.
Según el documento, la decisión fue tomada por el presidente de la CC, Héctor Hugo Pérez Aguilera, los magistrados titulares Néster Vásquez Pimentel, Leyla Lemus, así como los magistrados suplentes Luis Alfonso Rosales y Walter Jiménez Texaj.
De esta cuenta, serán los miembros de dicha judicatura quienes tendrán a su cargo resolver el amparo presentado por el TSE, en el que señala que se violó la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en las diligencias.
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CC CON PORRAS TUVO OTRA ACTITUD
En el contexto de la elección de Fiscal General, los abogados Erick Miguel Castillo y Mynor Giovanny Caté presentaron el 21 de abril de 2022, un amparo ante la CC, en contra de la Comisión de Postulación para la elección del Jefe del ente investigador, ya que manifestaban que Consuelo Porras no había sido incluida en la nómina de seis candidatos.
De acuerdo a los profesionales del derecho, la lista de candidatos había sido elaborada de manera arbitraria y con la exclusión de candidatos que habían tenido mejores calificaciones.
De esta cuenta, a las 21:00 horas de ese mismo día, emitió un fallo, en el que declaró un amparo provisional con el fin de “dar estricto cumplimiento a lo previsto en el 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala en concordancia con el artículo 216 de la Ley Fundamental a efecto de que atendiendo criterios meritocráticos”.
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De esta cuenta, Porras logró ser incluida en la lista de seis candidatos que fue presentada al presidente Alejandro Giamamattei, ya que los integrantes de la Comisión de Postulación habían otorgado una ponderación de 90 puntos a la Fiscal General.
La CC reconoció que actuó en prevención por el “inminente riesgo”, pero envió el amparo con un juez de primera instancia para que se conociera en definitiva.
EL AMPARO DEL TSE
El TSE presentó un amparo en contra del Juez Orellana, luego que autorizara diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en el Registro de Ciudadanos, y el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), ubicado en el Parque de la Industria, en donde se resguardaba los materiales de las Elecciones Generales y la segunda vuelta electoral por la Presidencia.
De acuerdo a la entidad electoral, con las acciones de la FECI se violentó el artículo 243 de la LEPP, ya que se habría realizado un reconteo de los votos en las diligencias, pese a que estas acciones únicamente pueden ser realizadas por las Juntas Receptoras de Votos y las Juntas Electorales Departamentales (JED), según la LEPP.
En esta línea, el TSE señaló que el recuento de los votos fue realizado en “abuso de autoridad”, y que pusieron en grave riesgo y peligro el proceso electoral con las acciones de la Fiscalía.
CC: No somos competentes para el TSE; sí fueron para Porras
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 14, 2023
Al mismo tiempo, mencionaron que la orden del togado no cumple con los requisitos del artículo 191 del Código Procesal Penal, puesto a que carece del “motivo del allanamiento y la diligencia a practicar, es decir, no indica si es con el fin de encontrar indicios de algún delito de los establecidos en nuestra legislación y especialmente en materia electoral”.
De esta cuenta, el asesor jurídico del TSE, Abraham Álvarez, especificó que la entidad electoral buscaba con urgencia la protección judicial, con el fin de suspender las diligencias de la FECI.
LOS ALLANAMIENTOS
Este miércoles 13 y martes 12 de septiembre, la FECI realizó una serie de allanamientos, durante los que abrió las cajas electorales que contenían los votos de los comicios. En esta línea, el TSE señaló que se vulneró la cadena de custodia, por lo que se encuentra en riesgo no solo el proceso electoral, sino que también la democracia, sus procedimientos y los derechos cívicos de los ciudadanos.
Además, el presidente electo requirió la renuncia de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras, así como contra el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, así como la del juez Orellana, ya que asegura que desarrollan un Golpe de Estado.
