El expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), Ovidio Orellana, junto a 11 expresidentes de distintos colegios profesionales, presentaron ayer sábado 26 de agosto un amparo en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y contra la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Esto con el objeto de buscar propiciar la culminación del proceso electoral en un clima de plena libertad. Según informó el profesional del derecho en su cuenta de “X”, esta acción en conjunto es un aporte a la institucionalidad, a la democracia y la paz social.
Por nuestra Guatemala. pic.twitter.com/Nje4lqWAma
— Ovidio Orellana (@orellana_ovidio) August 27, 2023
Además, Orellana citó el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y mencionó que Guatemala está en un proceso electoral que no ha finalizado, por tanto, el mismo se debe de llevar a cabo en un clima de plena libertad y en pleno respeto a las garantías constitucionales.
— Ovidio Orellana (@orellana_ovidio) August 27, 2023
“Incluida la libertad de emisión del pensamiento, razón por la cual, en este momento, no puede ser limitada ninguna por ninguna acción constitucional”, se lee en la publicación, finalizó.
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LOS 12 PROFESIONALES
El amparo fue presentado por 12 expresidentes de distintos colegios profesionales, siendo estos: Marco Tulio; Francisco Bautista Stewart, contador público y auditor; Yolanda Auxiliadora Pérez Ruiz, abogada y notaria; Edgar Horacio Aguilar, ingeniero civil; Casta Petrona Zeceña, ingeniera química; Marco Antonio Sagastume Gemmell, abogado y notario; Héctor Alfredo Molina, psicólogo; Dora Ninette Alburez, psicóloga; Héctor Ricardo Fong, médico y cirujano; Jorge Luis Ranero, médico y cirujano; Jose María Magaña, arquitecto; Ovidio Ottoniel Orellana, abogado y notario; así como Rafael Antonio Martínez, licenciado en enfermería.
DETALLES SOBRE EL AMPARO
Según el documento presentado a la CC, los expresidentes colegiados piden “cese de cualquier persecución penal, antejuicio, requerimiento de información o citaciones, por cualquier motivo, por parte del Ministerio Público y por parte de la Corte Suprema de Justicia contra cualquier magistrado, funcionario, trabajador o miembro de juntas receptoras de votos, de juntas Electorales Municipales y departamentales”.
Así mismo solicitaron se proteja a la Junta Electoral del Distrito Central, digitadores y coordinadores de digitadores, coordinadores de cada centro de votación, cuerpo de revisores por departamento, todos del Tribunal Supremo Electoral, esto haciendo referencia a todos los casos que tengan abiertos en distintas fiscalías del Ministerio Público, a nivel nacional, esto mientras finalice el proceso electoral.
En el amparo, los colegiados señalan que: “Desde la vigencia del Decreto de convocatoria a elecciones generales, el Ministerio Público, dentro de distintas causas penales que ha abierto, en distintas fiscalías, ha enviado al Tribunal Supremo Electoral, varios requerimientos de información producidos durante el evento electoral relacionado”.
Señalaron que dichas acciones se están produciendo dentro del proceso electoral, que indicaron no se ha finalizado y pone en “grave riesgo y peligro su conclusión”, y por ende afecta el bien común que se pregona en la Constitución en favor de la población, detallaron.
Los colegiados indican que las acciones que pretenden promover antejuicios dentro del proceso electoral no están acordes ni son coherentes con el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas electorales, afectando el derecho de elegir y ser electos que pregonan los artículos 113 y 136 incisos b) y d) de la Constitución Política de la República.
Sobre el derecho de elegir y ser electo, expresaron además que se garantice con medidas positivas que el binomio presidencial electo pueda tomar posesión el 14 de enero del 2024 y a partir de ahí ejercer sus funciones constitucionales y legales de forma real y efectiva, manifestaron los profesionales.
CONSUELO PORRAS PRESENTA AMPARO
La Fiscal General, María Consuelo Porras, solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Pidió protección por actores en las redes sociales, argumentando que sus publicaciones han derivado en la convocatoria para una manifestación en su contra el pasado viernes 25 de agosto; sin embargo, calla ante las acciones de los Netcenters.
De acuerdo con la petición de la jefa del Ministerio Público (MP), la acción de amparo es en contra del presidente, Alejandro Giammattei; ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos; y director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Edwin Ardiano.
El escrito incluye nombres de usuarios de X donde según informa han pretendido limitar el ejercicio de la persecución penal y transgredir la Autonomía e Independencia.
