La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) señaló su preocupación por el trámite de antejuicio que enfrenta el juez Carlos Ruano, proceso que se inició por una denuncia que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) interpuso en su contra y los ataques que sufre la independencia judicial.
Por medio de un comunicado que fue firmado por Adriana Orocú Chavarría, presidenta de la FLAM, se expresó la preocupación de la entidad por las acciones legales entabladas en contra del juzgador guatemalteco.
También la FLAM se sumó al llamado extendido por la comunidad internacional para que cesen los ataques en contra de jueces independientes en el ejercicio de su función.
Según la nota, este proceso es una “medida de represalia tras una denuncia que presentó el juez en contra de miembros del Organismo Judicial en Guatemala por actos de corrupción”.
El hecho podría crear una brecha para levantar la inmunidad que la ley le reconoce a jueces en el país, se detalló.
CASO IRREGULAR
De acuerdo con el análisis que la FLAM hizo del caso, “carece de fundamento”. Además, se señaló que se trata de un trámite “espurio”, debido a que se ha “caracterizado por múltiples irregularidades que vulneran las garantías del debido proceso”.
También se destacó la participación de la Fundación contra el Terrorismo, “organización que no guarda relación directa con los hechos que se denuncian”, dice en la nota.
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ATAQUES CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
La Federación manifestó su preocupación por “las implicaciones de los múltiples y reiterados ataques en contra de una judicatura independiente en la región, que ponen en peligro los pilares del Estado de Derecho y de la democracia”.
Por último, se hizo un llamado a las autoridades guatemaltecas a “respetar el ejercicio independiente de la función judicial” y a tramitar cualquier diligencia en contra de jueces con estricto apego a los principios de debido proceso y con imparcialidad en todas sus etapas.
SEÑALAMIENTOS CONTRA RUANO
Ruano fue denunciado por la FCT, presidida por Ricardo Méndez-Ruiz, en respuesta a los señalamientos que el juez hizo en contra de la magistrada Blanca Stalling, integrante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por supuestamente haber ejercido presiones en su contra para beneficiar a su hijo, quien enfrentaba un juicio.
El juez denunció a Stalling por el delito de tráfico de influencias, por haberlo llamado a su despacho en la CSJ, para hablar del proceso que se seguía en contra de su hijo, Otto Molina Stalling, uno de los acusados en el caso IGSS-Pisa.
