Este 28 de junio se inició el juicio oral y público en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados del delito de abuso de autoridad por el supuesto arresto ilegal de la periodista Norma Sancir, casi nueve años después del suceso.
El inicio del debate se ha suspendido en varias ocasiones por incomparecencia de los sospechosos, por su parte la periodista aseguró que eran intentos para retrasar el juicio. La audiencia tomó lugar en el Organismo Judicial de Chiquimula, a las 10:00 horas.
LOS ACUSADOS
En el caso se acusa de los delitos de abuso de autoridad y detención ilegal a las agentes Olga Leticia Segura, Marcelina López Pérez, Mirna Marleny Ortiz y el excomisario Ceferino Salquín.
Sancir permaneció cuatro noches detenida, se le acusó por el delito de atentado y desorden público. Sin embargo, el juez resolvió a su favor dejándola libre por falta de pruebas.
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Organizaciones defensoras de los derechos humanos, autoridades ancestrales indígenas y activistas esperan que los elementos de la policía tengan una sentencia de carácter condenatorio.
EL CASO
De acuerdo con las pesquisas, el 8 de septiembre de 2014, Sancir fue detenida arbitrariamente mientras cubría las acciones policiales durante una manifestación en Camotán, Chiquimula.
La periodista fue engrilletada y detenida por agentes policiales, ella les comunicó a los agentes que era periodista y se encontraba cubriendo el desalojo de personas del puente Jupilingo, sin embargo, esto no fue tomado en cuenta y fue aprehendida.
En su testimonio, Sancir narra, “-¡Soy periodista, soy periodista!- les dije, pero no les importó. Me tomaron al menos 30 fotos, me quitaron el equipo, el celular, todo”.
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La periodista cuestionó, “¿por qué iban hacia mí? Yo soy periodista y sé cómo tratan a quienes exigen derechos humanos y realizan denuncias. Ellos nunca quieren que se sepa lo que ocurre allí”.
En ese momento, Sancir trabajaba dando cobertura a las comunidades de Jocotán, Olopa y Camotán del departamento de Chiquimula, las cuales denunciaban que sufrían amenazas y violaciones a los derechos territoriales, ambientales y culturales, luego de la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros en sus territorios.
