La Plataforma “Por la Defensa de la Tierra y el Territorio”, junto con distintas organizaciones de sociedad civil, ¡la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra de América Latina y el Caribe (ILC LAC) y la campaña global Derechos a la Tierra Ya!, publicaron un campo pagado en el que expresan que “en estas elecciones votemos por el derecho a la tierra y la justicia agraria”.
A la vez, explicaron que, a su criterio, “la agenda campesina e indígena está ausente del debate político electoral. Como organizaciones de sociedad civil, indígenas y campesinas demandamos que las y los candidatos prioricen en sus planes de gobierno una solución a la conflictividad agraria del país, para que las comunidades que viven en y de la tierra logren justicia y seguridad sobre la misma”.
Según la Plataforma, los comicios generales de 2023, se han visto manchados por la suspensión arbitraria de candidatos.
#CAMPOPAGADO | Plataforma considera que la “agenda campesina e indígena está ausente del debate político electoral”. pic.twitter.com/vILgFqM7GB
— Diario La Hora (@lahoragt) June 19, 2023
“Lo cual es un reflejo del deterioro de nuestra ya frágil democracia electoral, y han puesto en duda la independencia de las instituciones electorales. Frente a ello, queremos advertir sobre el peligro que representa –para los derechos a la tierra de las comunidades en Guatemala- la continuidad en los poderes políticos y económicos de quienes gobiernan desde hace décadas”, mencionaron en el campo pagado.
También agregaron que es “indignante el desprecio manifiesto por la vida de la población campesina e indígena en nuestro país”.
SUBRAYAN INDÍCES DE POBREZA, DESIGUALDAD Y REPRESIÓN
Por otro lado, agregan que “los desalojos forzosos de comunidades han continuado aún en el contexto electoral, pese a que los estándares internacionales lo prohíben. Tan solo en 2022 se reportaron más de 70 casos de desalojos a grupos de familias y comunidades campesinas e indígenas que luchan por la certeza jurídica desde sus tierras, con mayor incidencia en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quiché, Petén, Escuintla y Santa Rosa”.
En el escrito, además, destacan que los índices de pobreza, desigualdad y represión en el campo se han agudizado, reflejo de un estado permanente de inseguridad sobre la tierra y de las agresiones a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas en sus territorios.
“Según datos oficiales, en 2019 alrededor de 165 mil familias vivían en condiciones de pobreza extrema por carecer completamente de soluciones sostenibles a esta situación, el Estado ha ido eliminando la institucionalidad agraria encargada de la investigación y el diálogo para la búsqueda de soluciones pacíficas, e incluso ha actuado con un uso desmedido de la fuerza en casos de desalojo”, anota la Plataforma.
También expresan que a esto se suma, la permanencia de un mecanismo estatal, “de acceso a la tierra regido por la lógica del mercado, que no logra responder a las necesidades de la población campesina sin tierra”.
Al mismo tiempo, explican que el presupuesto destinado a la agricultura familiar campesina ha sido recortado, “impactando directamente en más de un millón de hogares rurales, los cuales proveen más del 70% de los alimentos que se consumen a nivel nacional”.
DETALLAN PETICIONES
En ese sentido, compartieron en su campo pagado, varios puntos que exigen líderes de comunidades campesinas e indígenas, así como de sociedad civil.
“Alto inmediato a los desalojos y al uso de la violencia en contra de la familias campesinas e indígenas. Urge establecer un diálogo nacional y la búsqueda de soluciones en el marco de los convenios y declaraciones sobre derechos campesinos e indígenas y en particular de los estándares internacionales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y prevención de desalojos forzosos”, explicaron.
Además, añadieron el “cese de agresiones de los megaproyectos extractivos y grandes agronegocios a los territorios indígenas y respeto a las autoridades y formas de organizaciones comunitarias”.
La Plataforma también pide una, “justicia rápida y efectiva para las personas y comunidades criminalizadas por defender los derechos humanos”.
En el comunicado agregan la “reincorporación del Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria para orientar la política pública y la ejecución de una Política de Desarrollo Rural, establecidos en los Acuerdos de Paz”.
Por último, exhortan en su comunicado a la población guatemalteca a “rechazar con su voto a aquellos partidos y candidatos vinculados con la corrupción, la impunidad y la violación a los derechos humanos. Elijamos gobernantes comprometidos con el desarrollo rural integral y los derechos a la tierra; el reconocimiento económico y político de las mujeres: la protección de los bienes naturales; y la representación de los pueblos indígenas dentro del Estado”, sentenciaron.
