La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó el viernes su preocupación por la extensión del régimen de excepción en El Salvador y pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que ponga fin a esa medida y que investigue todas las muertes en las cárceles de personas bajo custodia del Estado.
En una nota de prensa la Oficina reconoció el complejo reto que enfrenta en El Salvador para combatir a la delincuencia así como el grave sufrimiento infligido por las pandillas que durante décadas han aterrorizado a la población. Sin embargo, afirmó que «debilitar el Estado de derecho y la integridad del sistema legal mediante las limitaciones de los derechos a un juicio justo no es la respuesta».
«Pedimos a las autoridades que levanten el estado de emergencia y revisen las medidas que han tomado. También les pedimos que investiguen de inmediato todas las muertes en custodia de acuerdo con los estándares internacionales, que los responsables sean sancionados y que se garantice justicia a las víctimas», dijo la portavoz Marta Hurtado.
The Associated Press pidió a la Casa Presidencial comentarios de lo expresado por el organismo de la ONU pero no obtuvo respuesta.
Pero el presentar su informe a la nación de su cuarto año de mandato la noche del jueves, Bukele rechazó nuevamente las críticas de la comunidad internacional y dijo que «El Salvador es un país soberano».
Casa por casa nos aseguramos de que ningún terrorista se esconda de la justicia.
No nos detendremos hasta limpiar a nuestro país de las pandillas. pic.twitter.com/ioZDhLRUm1
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 31, 2023
«No rendiremos cuentas a la comunidad internacional ni nos doblegaremos ante los países que nos quieren decir cómo resolver nuestros problemas, cuando ellos no pueden resolver los suyos», agregó. El estado de excepción aprobado por el Congreso unicameral suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días la detención y permite a las autoridades intervenir correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos. La nueva declaración de la Oficina de la ONU se produjo luego de que la organización no gubernamental salvadoreña Cristosal presentara un informe en el que documentó que al menos 153 personas murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción decretado por el Congreso el 27 de marzo de 2022 después de que en un solo día las pandillas asesinaran a 62 personas en todo el país.
Hasta el momento no se conoce un informe oficial de las personas fallecidas en las cárceles durante el régimen de excepción. Cristosal aseguró que las muertes de los detenidos fueron resultado de torturas, lesiones graves y sistemáticas y que casi la mitad de las personas fallecidas fueron víctimas de muertes violentas. Una parte de esas muertes también fueron causadas por patologías que evidencian una negligencia deliberada en la provisión de asistencia médica, medicamentos y alimentos, registrándose decesos por desnutrición.
La organización mencionó las prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes que han sido infringidos de manera generalizada a miles de personas detenidas durante la vigencia del régimen de excepción.
Agregó que los grupos de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos humanos y los medios de comunicación «siguen corriendo riesgos en un entorno de inseguridad jurídica, ataques y desacreditación recurrente». Estas organizaciones de la sociedad civil habrían documentado «182 presuntas agresiones contra defensores de los derechos humanos y periodistas».
Otros organismos como Amnistía Internacional han denunciado violaciones a los derechos humanos en la aplicación del régimen de excepción en El Salvador. Las cifras oficiales registran más de 68.000 supuestos pandilleros o colaboradores capturados en el marco del régimen de excepción, de los cuales más del 90% tiene detención provisional decretada por un juez. Pero más de 5.000 personas han sido liberadas porque no se las pudo vincular con esas estructuras criminales, según las autoridades.
