La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) impugnó el cierre del caso Plazas Fantasma, con lo cual fueron beneficiados 59 acusados, y busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establezca si los imputados deben enfrentar juicio o no.
En el caso, el Ministerio Público (MP) investigó la supuesta operación de una red que funcionaba dentro del Congreso de la República, integrada por diputados, directivos y personal de diversas dependencias, que habría colocado en puestos irregulares a varias personas.
De esa cuenta, la Fiscalía busca por medio de un recurso de casación que se analice la resolución dictada por la Sala Segunda de Mayor Riesgo dentro del referido proceso, con la cual se le ordenó ya no investigar los hechos señalados, la cual, a su vez, confirmó el criterio de la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, quien determinó el sobreseimiento del caso.
Según el órgano encargado de la persecución penal, es necesario continuar con el proceso para establecer la posible culpa de los acusados, lo cual no se podría efectuar si se mantiene la decisión de la referida Sala y de Domínguez.
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JUEZA CIERRA PROCESO
Domínguez cerró el caso contra más de 50 acusados en el caso Plazas Fantasma el 23 de septiembre de 2022, al considerar que no existen indicios para que el proceso sea conocido en un Tribunal de Sentencia Penal.
Entre los exdiputados señalados se encontraban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
Para revertir ese fallo, la FECI planteó diversas acciones legales, las cuales fueron rechazadas y con las que se mantiene el criterio de la juzgadora. De esa cuenta, se presentó el recurso de casación, que se considera extraordinario, según la legislación vigente.
La CSJ fijó para el próximo lunes 29 de mayo una audiencia en la cual los magistrados de la Cámara Penal conocerán los argumentos tanto del MP como de los defensores.
La Cámara Penal está integrada por los magistrados Josué Felipe Baquiax, quien la preside, así como por Delia Marina Dávila Salazar y José Antonio Pineda Barales.
HABÍAN CONFESADO Y SE RETRACTARON
En agosto del año pasado, el exdiputado Edgar Cristiani y otros nueve sospechosos decidieron confesar su culpa y así acceder a los beneficios que otorga la Ley de Aceptación de Cargos.
Por esa razón no fueron enviados a juicio. Pero cambiaron de opinión al conocer acerca del sobreseimiento en favor de otros más de 50 acusados.
Cristiani y los otros nueve le solicitaron a Domínguez anular la audiencia en la cual pidieron resolver su situación por el procedimiento de aceptación de cargos. Eso fue aceptado por la juzgadora, y en diciembre de 2022 también fue sobreseído el caso en su contra.
EL CASO PLAZAS FANTASMA
La investigación de la Fiscalía y de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció que durante el período de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, según los registros financieros.
Los acusados habrían prestado sus nombres para habilitar plazas de trabajo a su favor, con lo cual recibieron desembolsos en concepto de pago por sus supuestas labores desarrolladas en el Legislativo.
Sin embargo, se estableció que ninguno se presentó a trabajar. Además, varios de ellos laboraban para otras instituciones del Estado o empresas privadas de los diputados, según se identificó en la pesquisa.
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