La Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal decidió no otorgarle arresto domiciliario a Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, a través de su abogada; sin embargo, resolvieron rechazarla y permanecerá en prisión preventiva.
En diciembre pasado Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por el delito de abuso de autoridad en forma continuada. Aunque la sentencia le permite salir de prisión por el referido pago, cuatro impugnaciones no han dejado la sentencia en firme, por cual ahora solicita arresto domiciliario.
Laparra es procesada en un segundo caso que se sigue en Quetzaltenango, en el que se le acusa de “revelación de información confidencial”. Cabe destacar que ambos procesos nacieron a raíz del exjuez Lesther Castellanos Rodas.
¿POR QUÉ LE RECHAZARON EL ARRESTO DOMICILIARIO?
Los magistrados de la referida Sala se apegaron a la solicitud del Ministerio Público (MP) y querellantes adhesivos de que negaran salir de prisión preventiva en este proceso.
La fiscal Judith Esperanza Villagrán, durante la audiencia indicó que en el proceso que se sigue esta misma semana se le negó a Laparra el cambio de medida. Asimismo expresó que “se debe tomar en cuenta que todos los documentos acá presentados ya fueron expuestos en la audiencia que se celebró en Quetzaltenango y en donde se le negó el arresto domiciliario”.
Por lo que se adhirió a lo solicitado la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), y solicitaron a la sala que Laparra siga guardando prisión preventiva.
EL CASO
Laparra, en su función al frente de la FECI de Quetzaltenango, realizó investigaciones en contra de empresarios y funcionarios del Estado. Asegura que su caso fue parte de una venganza por su labor anticorrupción realizada en conjunto con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En el juicio al que fue sometida, se le señaló de haber presentado cuatro denuncias administrativas en contra de Lesther Castellanos, un juez que llevaba un proceso que dirigía Laparra, sin contar con la facultad legal para hacerlo.
La exfiscal sostenía que el exjuez supuestamente había filtrado información de un caso bajo reserva a las partes procesales de este, específicamente al abogado Omar Barrios, con quien tiene una relación de amistad.
Los señalamientos en contra de Castellanos fueron presentados durante 2018 en la Junta de Disciplina Judicial (JDJ). Sin embargo, ninguno prosperó.
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Después de esta situación, el exjuez presentó una denuncia en contra de Laparra por los supuestos delitos de abuso de autoridad y usurpación de atribuciones. La Fiscalía de Asuntos Internos desarrolló la investigación que sirvió como base del juicio y sentencia condenatoria que le fue impuesta.
