La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó amparar de manera provisional al juez Carlos Ruano, quien buscó de esa manera frenar el proceso de antejuicio que se sigue en su contra, el cual fue promovido por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). El fallo fue emitido por petición de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdés.
En ese sentido, los magistrados del máximo tribunal constitucional acogieron una solicitud de Valdés, la cual estaba incluida en un informe circunstanciado del caso que la CSJ remitió a la CC.
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Según el documento, al que La Hora tuvo acceso, se lee que la presidenta de la CSJ dijo que no se debía otorgar la protección constitucional a Ruano.
En el documento se lee: “Se solicita a la CC que no otorgue el amparo provisional solicitado, toda vez que, no se evidencia vulneración alguna a las garantías fundamentales que denuncia el amparista”. (sic)
De esa cuenta, el proceso de antejuicio que se sigue en contra del juez continuará. Según el trámite, el expediente debe ser trasladado al magistrado José Antonio Valladares Arévalo, quien fue asignado por la CSJ como juez pesquisidor del caso.
El pesquisidor tendrá que estudiar los hechos y citar tanto a Ruano como al Ministerio Público (MP) y a todas las entidades y personas que contribuyan en la formación del informe que este debe elaborar.
Al finalizar su función, Valladares Arévalo tendrá que recomendar a la CSJ el retiro del antejuicio de Ruano o indicar que este debe mantener la prerrogativa constitucional.
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JUEZ ASEGURA QUE DENUNCIA NO CUMPLE REQUISITO
La Hora se contactó con el juez Ruano para conocer su postura ante la resolución de la CC. Ante eso, el juzgador expresó que “buscaba protección provisional en la CC, por la venganza y represalia iniciada en mi contra, porque me atreví a denunciar por corrupción judicial a una magistrada de la CSJ”.
En 2013, Ruano denunció a la magistrada Blanca Stalling por intentar convencerlo de otorgarle arresto domiciliario a su hijo, Otto Fernando Molina Stalling en el caso IGSS-Pisa.
Además, dijo que la denuncia que puso en su contra la FCT “debió ser rechazada para su trámite, porque no se cumple con uno de los requisitos para admitirla”. Según la organización, el juez tampoco podía denunciar a un superior.
De acuerdo a las declaraciones del juzgador, el artículo 4 de la Ley en Materia de Antejuicio, establece que al denunciante le deben constar los hechos que señala, “y resulta que al querellante no le consta nada de lo que denuncia”, dijo Ruano acerca de la FCT.
Ruano se suma a la lista de jueces, fiscales y operadores de justicia a los que la FCT persigue por su labor anticorrupción desde sus puestos como funcionarios públicos, según organizaciones de sociedad civil e internacionales.
En 2017, Stalling fue capturada como sospechosa en el caso “Tráfico de Influencias”, derivado de la denuncia que en su contra presentó Ruano, debido a que habría buscado interferir en la decisión del juzgador y que este influyera en sus compañeras en el Tribunal Noveno de Sentencia Penal.
En dicho proceso, Molina Stalling sería beneficiado con la medida sustitutiva de arresto domiciliario, sin embargo, el togado se negó a realizar esta acción.
El 29 de junio de 2022, el juez décimo penal, Víctor Cruz, cerró el caso a favor de la magistrada, por lo cual, se inició un proceso de reinstalación en la CSJ y se le pagó más de Q5 millones por el tiempo que estuvo suspendida de su cargo.
