Puerto Rico anunció el domingo que planea privatizar la generación de energía, un hito para el territorio estadounidense en medio de apagones crónicos y una deteriorada red eléctrica que no se ha logrado rehabilitar completamente.
La medida representa el principio del fin para la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, un gigante que desde hace años ha enfrentado acusaciones de corrupción, malas gestiones e ineficiencia y que carga con el peso de una deuda pública de unos 9.000 millones de dólares, la más grande de cualquier agencia del gobierno estadounidense.
Muchos puertorriqueños, ya de por sí indignados y fatigados por los apagones, se mostraron recelosos del anuncio, en particular dadas las graves quejas en torno a la duración de las interrupciones en el servicio, los elevados montos en las facturas de luz y otros problemas surgidos a raíz de que la isla privatizó la transmisión y la distribución de electricidad en junio de 2021.
Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, dijo que el consejo directivo aprobó de forma unánime privatizar la generación. Sus miembros que representan el interés público también estuvieron de acuerdo.
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De momento se desconoce a qué compañía eligieron para hacerse cargo de la generación eléctrica. Un portavoz de la autoridad dijo que aún no se publica la licitación, de conformidad con las leyes locales.
Fontanés señaló que se enviará el contrato a la junta rectora de la compañía eléctrica de Puerto Rico y posteriormente al gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, para su firma. Se tiene previsto que se apruebe el contrato a pesar de la oposición a la privatización.
Carmen Maldonado, vicepresidenta del opositor Partido Popular Democrático, dijo que ella y otros más combatirán el plan.
José Luis Dalmau, integrante del partido y presidente del Senado de Puerto Rico, señaló que los legisladores examinarían el proceso y exigirán que se le otorgue protección a los trabajadores de la compañía eléctrica del Estado, además de que se estabilice la red y se reduzca el número de apagones, entre otras cosas.
Hizo notar que los puertorriqueños están consternados con la situación actual y exigen un sistema eléctrico más confiable y económico: “La necesaria transformación de nuestro sistema… es un asunto prioritario”, declaró.
De momento se desconoce el efecto que tendría la privatización, si es que tiene alguno, en los hasta ahora infructuosos intentos por reestucturar la deuda de la compañía. El gobierno y algunos acreedores han recurrido a los tribunales después de varias rondas de negociaciones fallidas.
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Las iniciativas para privatizar la generación han surgido en un momento en que los presidentes del Senado y la cámara baja de Puerto Rico rechazan la extensión de contrato que se le otorgó recientemente a Luma, un consorcio integrado por Atco, una empresa con sede en Calgary, y Quanta Services, ubicada en Houston, el cual opera la transmisión y distribución de energía en toda la isla.
Los presidentes acudieron a los tribunales la semana pasada para acusar a Pierluisi, que está a favor de la extensión del contrato, y exigen a un juez que cancele el acuerdo en medio de quejas contra Luma.
La red eléctrica de Puerto Rico fue devastada por el huracán María, una tormenta de categoría 4 que azotó la isla en septiembre de 2017. La red ya se encontraba debilitada debido a la falta de inversión y mantenimiento durante décadas. En promedio, sus unidades de generación tienen 45 años, el doble que las del territorio continental de Estados Unidos.
Las labores para reconstruir la red iniciaron apenas recientemente, pues en los años posteriores al paso de María únicamente se realizaron reparaciones de emergencia.
