Un informe del Panel de Expertos Independientes para Guatemala (PEI-GT) concluye que el país debe impulsar cambios en los procesos de elección de altas autoridades del sistema de justicia, al señalar deficiencias observadas en las recientes designaciones de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y advertir sobre los retos que enfrentará la próxima elección del Fiscal General.
El documento sostiene que es necesario fortalecer las reglas que rigen las comisiones de postulación y otros mecanismos de selección para garantizar procesos más transparentes, objetivos y libres de presiones externas.
Entre las principales recomendaciones figura establecer criterios uniformes para las entrevistas, resolver de forma motivada las tachas contra aspirantes y asegurar evaluaciones comparables para todos los candidatos.
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El panel también advierte que la criminalización de operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y otros actores ha generado un efecto inhibidor en profesionales que podrían aspirar a cargos públicos, lo que, a su juicio, debilita la competencia y la legitimidad de los procesos de selección.
Asimismo, cuestiona actuaciones del Ministerio Público que, según el informe, pudieron influir en procesos electorales vinculados al sistema de justicia mediante acciones consideradas intimidatorias.
Otro de los señalamientos se refiere al uso del amparo durante los procesos de elección. El informe considera que este recurso fue utilizado de forma abusiva para retrasar o alterar procedimientos de selección y señala que la mayor responsabilidad para evitar esos efectos corresponde al Organismo Judicial y, particularmente, a la Corte de Constitucionalidad (CC), por su papel en la resolución y ejecución de estas acciones constitucionales.
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En el apartado dedicado a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el PEI-GT sostiene que la situación del Consejo Superior Universitario afecta la legitimidad de decisiones relacionadas con la elección de autoridades de justicia, debido a que ese órgano participa tanto en la designación de un magistrado de la Corte de Constitucionalidad como en la integración de la Comisión de Postulación para Fiscal General.
El informe recuerda que aún existen procesos de amparo pendientes sobre la reelección del rector Walter Mazariegos y plantea que una eventual resolución favorable podría generar consecuencias jurídicas sobre decisiones adoptadas por el CSU.
De cara a los próximos relevos institucionales, el panel recomienda revisar el marco legal y los procedimientos de integración de las comisiones de postulación para fortalecer la independencia judicial, reducir los espacios de interferencia y garantizar que las futuras elecciones de autoridades respondan a criterios de mérito, idoneidad y transparencia.
