Varios cientos de opositores al gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele marcharon el domingo en la capital para conmemorar otro aniversario de la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil (1980-1992) y denunciar lo que consideran un retroceso democrático en el país centroamericano.
Los manifestantes recorrieron las principales avenidas y se concentraron en el centro histórico de San Salvador. Sonia Urrutia, una de las dirigentes del izquierdista Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, dijo a los periodistas que estaban manifestándose al cumplirse el 31ero aniversario de los acuerdos, pero también para rechazar las medidas impulsadas por Bukele para combatir las pandillas y la posibilidad de que el gobernante busque un segundo mandato.
Urrutia denunció que el gobierno intentó impedir la marcha al colocar retenes de policías y soldados en los puntos de acceso a la capital, aunque no se observó a uniformados cerca o siguiendo la marcha. De acuerdo con reportes de la prensa se hacían registros de las personas que se transportaban en los autobuses colectivos para verificar que no portaran armas.
Ronal Amaña, un veterano político que ahora busca liderar un amplio bloque de oposición para competir en las elecciones presidenciales del 2024, dijo que estaban recibiendo el apoyo de la gente pese «a las maniobras que este hombre (Bukele) está usando, el terrorismo, para mantener al pueblo con miedo”.
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En la marcha participaron varias organizaciones sindicales y de la sociedad civil, entre ellos familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción que exigieron su libertad al asegurar que no tenían nexos con las pandillas.
En un mensaje a sus compañeros de lucha opositora, el dirigente ambientalista Ricardo Navarro aseguró que con las políticas de Bukele el país está volviendo al pasado y afirmó que “nos está condenando a una nueva guerra”.
“No estamos pidiendo un golpe de Estado, estamos pidiendo una fortalecimiento del Estado”, subrayó Navarro, al tiempo en que advirtió que que si Bukele busca la reelección presidencial “la Constitución nos obliga a la insurrección, y estamos obligados civiles y militares. El presidente debe reflexionar porque nos puede llevar a una nueva guerra», agregó.
Los organizadores de la marcha esperaban reunir a más de 200.000 personas pero la repuesta fue mínima.
A petición de Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó recientemente la décima prórroga del estado de excepción para seguir combatiendo a las maras o pandillas, a las que las autoridades responsabilizan de la mayoría de los crímenes cometidos en el país. El gobierno advirtió que seguirá con la medida hasta sacar de las calles al último de los pandilleros.
De acuerdo con los críticos, el régimen de excepción limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y motivos de arresto, así como la asistencia de un abogado.
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La medida amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos.
En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 61.300 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de las estructuras criminales o colaborar con las pandillas. Pero de estas capturas, hasta el 3 de enero, 3.313 de los detenidos fueron liberados debido a que no se pudo establercer un verdadero vínculo con los grupos criminales, según las autoridades.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de derechos bajo ese estado de emergencia, y aseguran tener documentado la muerte de al menos 90 personas bajo custodia.
En lo que va de 2023, El Salvador ha registrado seis homicidios, incluyendo el de un presunto pandillero que falleció en un intercambio de disparos con las autoridades. Se registran nueve días sin muertes por la violencia homicida, según datos oficiales.
Las llamadas maras o pandillas, con presencia en comunidades y barrios populosos del país, están involucradas en el narcotráfico y la delincuencia organizadas, afirman las autoridades. Además, extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, agregan.
