Este año inicia el proceso electoral 2023, que será otra farsa más. Desde el año pasado, el Tribunal Supremo Electoral viene advirtiendo a algunos candidatos, sólo a algunos, que no serían inscritos por hacer campaña anticipada. Sin embargo, el partido oficial lleva ya un año completo, el 2022, realizando campaña electoral de forma flagrante, tanto en asambleas del partido oficialista como en vallas publicitarias con el lema: “vamos por más”. Estas violaciones han sido documentadas en videos.
Aunque el partido oficial se “robó la salida” de forma tan flagrante, el Tribunal Supremo Electoral no ha tomado ni una sola acción al respecto. Como buenos cómplices, sus magistrados simplemente callan ante tan burda violación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
La estulticia de los magistrados del TSE, sin embargo, no termina allí. Existe un techo de gasto de campaña de 34.9 millones de quetzales para todos los partidos políticos para este proceso electoral 2023, a excepción del partido oficial y de sus aliados, por supuesto, tanto en el Legislativo como en las municipalidades (por lo menos 200 alcaldes, se estima). Los jefes ediles afines tendrán a su disposición más de 37 mil millones de quetzales, alrededor de 185 millones de quetzales en promedio por alcalde para iniciar, pero sobre todo para publicitar, obra pública y seguramente apoyar al partido oficial en su campaña electoral. Nunca en la historia reciente de Guatemala un partido oficial ha tenido a su disposición tantos recursos económicos para su reelección. Ante esto, el TSE también calla, o mira hacia otro lado.
El financiamiento electoral siempre es un tema complicado, ya que éste abre las puertas para que los candidatos a puestos de elección popular se comprometan con sus financistas para la adjudicación de negocios con el Estado, ya sea a través de proveeduría de bienes, servicios o contratación de obra pública. Y no sólo es con los candidatos, ya que los gobernantes seguramente llevarán alfiles con instrucciones precisas a los distintos ministerios o secretarías para que desde esas posiciones ejerzan su influencia en beneficio de los financistas y, como norma general, en detrimento de los tributarios y de la población en general.
Adicional a las advertencias, nulas para el partido oficial y abundantes para otras agrupaciones políticas, la prohibición de hacer campaña anticipada no permite realizar, de forma pública al menos, debates serios sobre cómo los partidos políticos abordarán la compleja problemática nacional. Por el contrario, el discurso populista y farisaico es el que domina los distintos escenarios políticos en nuestro país. Los planes de gobierno de los distintos partidos políticos son desconocidos al día de hoy.
La única solución, a mi entender, es cerrar el financiamiento electoral y programar foros con los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, diputados y alcaldías, en todos y cada uno de los municipios del país para que la ciudadanía interesada pueda escuchar los distintos planes de gobierno y además plantear sus necesidades ante quienes los van a gobernar. Adicional, esta metodología permite a los ciudadanos conocer de primera mano a todos los candidatos, lo que permitiría realizar mejores juicios de valor sobre quienes gobernarán nuestro país.
