El Juzgado de Mayor Riesgo “A” decidirá este martes si la secretaria general del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y excandidata presidencial, Sandra Torres enfrentará juicio o no por un caso de supuesto financiamiento electoral no registrado. Integrantes de la bancada, así como del oficialismo, no se han pronunciado por el tema o si la resolución podría interferir en los acuerdos que han alcanzado en el Congreso de la República a favor de ciertas iniciativas.
La Hora buscó la postura de varios miembros de la UNE para conocer qué acciones emprenderán en el caso de que Torres sea enviada a juicio y si han abordado el asunto con el oficialismo.
Se trató de establecer comunicación con los diputados:
Estuardo Vargas, jefe de bancada.
Mario Gálvez, subjefe de bancada.
Vitelio Lam, subjefe de bancada.
Inés Castillo, secretario adjunto del partido.
Félix Palencia, diputado.
Marleni Matías, diputada.
Pese a que se intentó hablar con cada uno de ellos por la vía telefónica, no se obtuvo respuesta de ninguno.
En esa misma línea se consultó al jefe y subjefe de la bancada del partido oficial Vamos, Carlos Calderón y Juan Francisco Mérida, para conocer si una resolución adversa a Torres podría afectar la alianza entre ambas agrupaciones, pero tampoco respondieron.
Según lo expuesto por Rafael Curruchiche, ya se tiene programada audiencia de primera declaración para que implicados en el caso se puedan presentar. Conozca aquí los detalles: 👇🏽 https://t.co/F2JsIzM6Ab
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ALIANZA ENTRE PARTIDOS
Durante las últimas semanas de este periodo Legislativo, la UNE y Vamos concretaron una alianza, según fuentes que conocieron de las negociaciones, para apoyar diversas iniciativas de ley propuestas por el oficialismo, como ratificar el Estado de Calamidad por la tormenta tropical Julia, el subsidio al gas propano y diésel.
Asimismo, eligieron la nueva Junta Directiva que será presidida por Shirley Rivera, quien volverá a dirigir el Congreso para el período 2023-2024, y la aprobación del presupuesto más alto de la historia de Guatemala, por Q115 mil millones, fue apoyado por ambas bancadas.
Parte del acuerdo, explicaron fuentes con conocimiento, incluye la inscripción de Torres como candidata presidencial de la UNE para el proceso electoral del próximo año.
El plazo que tendría para inscribirse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sería hasta el domingo 26 de marzo del próximo año.
AUDIENCIA DECISIVA
Para este martes 29 de noviembre, está programada la audiencia en la cual la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, decidirá si envía a juicio a Torres y a otras seis personas, señaladas de promover el financiamiento irregular de la UNE en las elecciones de 2015.
El pasado jueves 17 de noviembre, el Ministerio Público (MP) solicitó a Domínguez que se envíe a juicio a los siete acusados en el caso que involucra a la UNE.
EL CASO
Los primeros elementos de la investigación fueron presentados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el 6 de febrero de 2019.
En ese momento, la referida unidad de investigación era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y el caso contó con el apoyo de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
De esa cuenta, el MP señaló que la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña.
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Con esto, según la fiscalía, se sospecha que se pretendía burlar el control del TSE sobre los fondos que le fueron aportados a la UNE.
De esta forma se hacían llegar las aportaciones de dinero procedente del pago de comisiones ilícitas por la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Los aportes identificados por la CICIG que no fueron reportados al TSE por el partido UNE suman Q19.53 millones.
