La Corte de Constitucionalidad confirmó que el exdiputado Armando Escribá no será procesado en un juzgado de competencia ampliada. De esa cuenta, se rechazó una acción legal que fue planteada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que figura como querellante adhesivo, para evitar que el caso fuera devuelto a un juzgado de orden común.
El excongresista está vinculado al caso Construcción y Corrupción Fase 2 por supuestamente haber cometido los delitos de concusión y fraude. El Juzgado de Mayor Riesgo B tramitaba el caso, pero por orden de una Sala de Apelaciones se remitió al Juzgado Noveno Penal, en donde inició el expediente.
De acuerdo con los antecedentes que conoció la CC, fue la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo la judicatura que en diciembre de 2020 falló a favor de Escribá.
En la resolución de la máxima Corte se lee: “Por lo anterior, la Sala objetada al asumir la jurisdicción de la controversia, revocar el auto apelado y declarar con lugar la cuestión de competencia por declinatoria se limitó a cumplir los preceptos normativos de Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo”.
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— Diario La Hora (@lahoragt) November 22, 2022
CASO INACTIVO DESDE EL 2020
El caso estuvo inactivo desde 2020, derivado de las acciones legales de Escribá que derivaron en una discusión acerca de qué juzgado debía tener la competencia del proceso.
En la resolución de la CC se consignan varios antecedentes de caso que puso al exdiputado ante la justicia.
De acuerdo con el fallo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), antes de la salida de Juan Francisco Sandoval, alegó que solo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podía resolver sobre la competencia de Mayor Riesgo, y no las Salas de Apelaciones.
Pese a tener ese argumento, la CC decidió fallar a favor de lo solicitado por el excongresista.
SU VINCULACIÓN EN EL CASO
La FECI investiga a Escribá por los delitos de concusión y fraude. Se presume que este mantuvo vínculos con las empresas Montañas Nacionales, S. A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S. A., beneficiando a las empresas
Estas firmas obtuvieron contratos con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) por Q194.3 millones cuando el excongresista ostentaba el cargo de director de la Unidad de Conservación Vial (Covial), durante los gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el Partido Patriota (PP).
La fiscalía cuenta con 556 medios de investigación documental y 45 medios de investigación material contra el exlegislador.
