Jonathan Menkos
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En estos momentos se lleva a cabo en Egipto la 27 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP27, tras un año en el que terribles catástrofes climáticas han devastado regiones enteras a lo largo y ancho del mundo: desde Pakistán, hasta Venezuela, pasando por Estados Unidos y sin olvidar Centroamérica. Las inundaciones, los deslaves, las sequías se traducen en escasez de alimentos, pérdida de bienes y activos (familiares, privados y públicos), daños a la biodiversidad, desplazamientos forzados de población e, infortunadamente, miles de muertes. En la actualidad, 3,500 millones de personas vivimos en países altamente vulnerables al cambio climático, y los pronósticos científicos nos advierten que lo que estamos viviendo hoy es poco frente a lo que tocará enfrentar en el futuro cercano.
Los países subdesarrollados son los más afectados por el cambio climático, pues al contexto ambiental global se le suma la mala o nula planificación y diseño de políticas para mitigar sus efectos, la corrupción en el manejo de los recursos públicos y la alta desigualdad económica y social que empuja a las mayorías a asumir mayores riesgos en cuanto al lugar en el que viven, las prácticas de producción que ejercen y la lejanía del acceso a servicios públicos.
En la COP27, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha sido muy claro: «la humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer». Cooperar significa lograr un acuerdo político mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; asistir con recursos y tecnología a los países subdesarrollados para aumentar su capacidad de resiliencia y poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y construcción de plantas de carbón.
Más allá de los discursos, lo cierto es que se necesita movilizar 300,000 millones de dólares al año para poder lograr que la humanidad ajuste su modelo de vida y producción a un estilo que mantenga equilibrios con el ambiente natural, y que mejor que comenzar buscando financiamiento por medio de un impuesto a las multinacionales empresas petroleras, mismas que este año han reportado un incremento de sus ganancia, mientras millones de personas raspan la billetera para llegar a fin de mes y otras luchan por huir del cambio climático. Otro esfuerzo importante para el financiamiento nacional deberá provenir de una mayor responsabilidad de las industrias más contaminantes, no solo por medio del pago de impuestos sino del cambio tecnológico de su actividad: ninguna industria que contaminan o se hacen verdes o deben desaparecer.
Por América Latina, ha sido el discurso del presidente colombiano, Gustavo Petro, uno de los más iluminadores, al proponer un decálogo que traza lo que debería ser el espíritu de la cooperación global para luchar contra el cambio climático. Entre este decálogo, se destaca la necesidad de comprender que el mercado y la acumulación de no son el mecanismo para superar la crisis climática. Por el contrario, solo la planificación pública, global y multilateral, permite pasar a una economía descarbonizada. El Fondo Monetario Internacional debe iniciar un programa de cambio de deuda por inversión en la adaptación y mitigación del cambio climático y la banca privada y multilateral debe dejar de financiar economías de hidrocarburos. Asimismo, ha hecho un llamado para la movilización de la humanidad en su totalidad para enfrentar esta crisis.
Como muchos otros temas, enfrentar verdaderamente el cambio climático requerirá una nueva correlación de fuerzas. No se pueden hacer políticas públicas contra el cambio climático, en lo nacional o lo global, cuando el poder de decisión lo compran o lo ostentan aquellos que obtienen ganancias destruyendo el planeta. Tampoco se puede evitar el cambio climático sin escuchar a quienes defienden el territorio y los recursos naturales y, mucho menos, sin entender que el modo de producción debe cambiar ahora radicalmente del extractivismo a un modelo basado en la cooperación, el conocimiento, la sostenibilidad ambiental y la igualdad. El tiempo se agota.
