El diputado Aldo Dávila fue denunciado por el presidente Alejandro Giammattei por los delitos de injuria y difamación. El argumento del mandatario para plantear la referida acción es que “de forma continuada hacia mi persona, asumiendo el querellado con base en mis preferencias sexuales, hechos y circunstancias en contra de mi persona, buscando y provocando con ello anular mis actividades administrativas públicas”. Ante eso, se dio trámite a un proceso de antejuicio en contra del legislador. Esta es la ruta del caso.
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— Diario La Hora (@lahoragt) November 4, 2022
El proceso de antejuicio consiste en que una autoridad analice si se debe revocar el derecho de inmunidad que poseen los funcionarios públicos del país, señalados en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Ley en Materia de Antejuicio.
De esta forma, solo al retirar esa prerrogativa constitucional, se podrían iniciar las investigaciones en contra de quien goza de esa garantía, y posteriormente los procesos penales correspondientes.
Dávila considera que esas acciones legales son parte de una represalia en su contra, por cuestionar las funciones del mandatario durante su gestión de gobierno.
PROCESO DE ANTEJUICIO
Según lo establecido por el artículo 14 de la Ley en Materia de Antejuicio, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le corresponde conocer y resolver el antejuicio en contra de los diputados.
La resolución de la CSJ del pasado miércoles 26 de octubre, durante el pleno que realizan los magistrados de la referida corte, señala que se consideró oportuno darle trámite a la petición.
Ese día, la máxima autoridad del Organismo Judicial (OJ) dio luz verde para que el Ministerio Público (MP) pueda demostrar que se le debe retirar el derecho de antejuicio al diputado.
Asimismo, la CSJ nombró como juez pesquisidor del caso al magistrado Marvin Fradique Reyes Lee, integrante de la Sala Primera de Mayor Riesgo, en la cual ocupa el cargo de vocal segundo.
JUEZ PESQUISIDOR LLEVA EL MANDO
De esa cuenta, Reyes Lee tendrá que analizar los documentos que se presenten para establecer la posibilidad de que Dávila hubiese incurrido en un delito que tenga que ser investigado por el MP.
Cabe resaltar que es en esta etapa en la que se encuentra el proceso de antejuicio que fue planteado en contra del legislador.
El pesquisidor tiene un plazo de 60 días hábiles, legalmente establecido, para realizar todas las diligencias que considere necesarias para emitir una recomendación a la CSJ, que puede ser de retirar el derecho de antejuicio o no.
De esa cuenta, le corresponderá a Reyes Lee tomar declaración del denunciante, del diputado y de todas las personas que se consideren.
Si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para darle la razón al denunciante, o sea Giammattei, deberá emitirse el informe correspondiente recomendando el retiro de la inmunidad al legislador.
Por mandato legal, el pesquisidor tiene que remitir el informe a la CSJ, y esta, después del análisis correspondiente, puede aceptar o rechazar la recomendación que figura en el documento.
En el caso de que se determine el retiro del fuero, se remite el expediente a Gestión Penal para que allí se asigne al juez de primera instancia que conocerá el caso.
