Edmundo Enrique Vásquez Paz
Adquirir conciencia sobre el hecho de que la operación de nuestro Estado-Nación, se realiza a través de un Estado-Gobierno que es PERVERSO, constituye un gran avance en términos de la maduración de nuestro papel y de lo que debería ser nuestra actitud como ciudadanos activos.
En el plano de la práctica, Guatemala no está dotada de un gobierno que, pretendiendo buenas cosas (“el bien común”), por diversas razones, falla en su intento por lograrlas (con lo cual se le podría aplicar el calificativo de “fallido” o “fracasado”, debido a su ineptitud). No es el caso. La realidad es muy distinta.
El Gobierno de Guatemala, por la manera en que ejerce o práctica sus funciones, parece marcado por el designio de solo buscar el beneficio de algunos pocos, sin importar si lo logra en detrimento del bienestar y la satisfacción de las necesidades de todos los demás. De esta manera, no le aplica el calificarlo de “fallido” si no que de “perverso”. Perverso, porque su intención no es la búsqueda de la satisfacción del bien de la mayoría si no que, tan solo, el de algunos pocos. Y, en esto, no falla.
El tratamiento del tema de la Minería, resulta un buen ejemplo en el contexto de lo anterior. A un observador cualquiera de los procesos que se dan para efectos de otorgar concesiones o permisos, le tiene que parecer curioso cómo, en nuestro país, estos empiezan al revés de cómo sería razonable hacerlo.
Increíblemente, lo que se puede apreciar al observar el desarrollo de los procedimientos, es que estos inician con esfuerzos orientados a prestigiar la calidad de lo que sería la futura exploración y explotación en un afán de convencer de sus bondades técnicas. Algo que se realiza en paralelo a una campaña orientada a enfrentar a los que adversan –o se piensa que adversarán– la pretendida concesión tildándolos de enemigos del progreso, desestabilizadores y hasta quintacolumnistas de intereses internacionales perversos.
¿Cuáles serán, en realidad, esos intereses que se ven amenazados con la negativa popular de aceptar los contratos?
Creo que es justo preguntarse el porqué de esa obstinación por imponer el que se otorguen las concesiones aun si es en contra de la voluntad o el gusto de los pobladores situados en las áreas de influencia. ¿Por qué tanto interés en beneficiar a toda costa a esas poblaciones comúnmente olvidadas? ¿Haciéndolo, incluso, a sabiendas que, a futuro, plantearán situaciones delicadas de tratar (por ejemplo, necesitando el empleo de la fuerza pública en contra de otrora pacíficos pobladores, produciendo lesionados y hasta muertos que bien se podrían evitar curándose en salud y procediendo razonablemente: ¡si la gente no quiere, no se debería insistir en concesionar!)
Las reflexiones anteriores, tan triviales, conducen a que muchos se pregunten cuestiones tan elementales como: ¿cómo será que se están planteando esos negocios para que –a cambio de permitirle a una empresa extranjera realizar una explotación de recursos no renovables nacionales y obtener un beneficio que prácticamente solo es para ellos–, el Gobierno se disponga a jugarse la paz social y movilizar a la fuerza pública –extremos totalmente predecibles– aún a costa de enfurecer a una ciudadanía hasta ese momento pacífica y alejada de “bullas” –como se suele decir–?
La manera más sensata de encontrar una solución a lo anteriormente esbozado, es exigiendo transparencia a la actuación de las autoridades de Gobierno. Algo que resulta fácil de decir, pero complicado de llevar a la práctica. Lo que se necesita es que las autoridades de gobierno actúen con legitimidad, buscando el bien común que le da sentido a nuestra organización como Estado (Art. 1 de la Constitución); un asunto que solo se logra si la ciudadanía participa activamente en política y actúa de manera tal que garantice que sus autoridades (en el Ejecutivo, pero sobre todo en el Organismo Legislativo) estén siempre orientadas a perseguir el bien común.
Garantizar la permanente presencia del Dueño de la cosa (el Soberano) como sujeto principal de cualquier decisión de gobierno, es asunto de la mayor importancia. El éxito y la salud de cualquier emprendimiento, debe partir siempre de que el Dueño realmente lo desee o lo consienta. En los proyectos de la iniciativa privada, eso es siempre así. Los proyectos se diseñan y se ejecutan con la anuencia y por instrucción del dueño.
El caso de la Minería es un magnífico ejemplo: no es razonable pensar que los proyectos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos se impongan a la población. ¿A partir del razonamiento y la voluntad de quién es que se hace eso? ¿En el marco de qué precepto legal que obligue a que el Estado-Gobierno proceda de esa manera? ¿Qué papel juegan en un escenario así, las comunidades que serán impactadas con los desarrollos?
Si se piensa en los procesos y se espera que sean sanos, como testimonio de que las cosas se realizan de manera transparente y de buena fe, se debe pensar en la necesidad de exigir argumentos sólidos a las autoridades involucradas en ellos. En el caso del Congreso de la República, vía exposiciones de motivos sustentadas y contundentes en las cuales se refleje de manera fehaciente no solo el beneficio social de las iniciativas de ley si no que, de manera especial, que reflejan las aspiraciones y las necesidades de la población, esto es que, desde la perspectiva política, sean viables.
El cambio de un Estado-Gobierno perverso a uno que facilite y promueva el alcance del bien común, es responsabilidad de la ciudadanía. Por lo general, las instituciones no son buenas o malas en sí mismas. Las connotan las personas que se desempeñan en ellas y, sobre todo, las que las dirigen. Y es solo la ciudadanía organizada y activa la que puede y debe incidir que las instituciones estén en buenas manos.
Ahora bien, tampoco debe olvidarse que procesos como los descritos, también se prestan a la aparición de otras fuerzas y actores que persigan “sacar raja” de las oportunidades (¡existen muchas fuentes de mal!). Se conoce de entidades que amenazan con movilizar a los paisanos para que se opongan y exigen que se les pague para no hacerlo … Como se puede ver, la permanente vigilancia de la ciudadanía organizada es una tarea ineludible si se persigue evitar tanto las prácticas perversas de los gobiernos como, también, la intervención de otros malintencionados e inescrupulosos.
